Elizabeth Mendoza/ Foto: Alfredo Juárez
Aun cuando existían órdenes del mandatario estatal, Gabino Cué Monteagudo para la realización de una mesa de atención para defraudados de la Costa; funcionarios del Gobierno Estatal ordenaron el desalojo de los afectados del edificio cinco de la planta dos de Ciudad Administrativa, el pasado 25 de febrero; así lo informó Edith Santibañez Bohorquez, abogada auxiliar de Asuntos Jurídicos de la Sección XXII.
En conferencia de prensa, la abogada indicó que existía un compromiso por parte del Gobernador del Estado, Gabino Cué Monteagudo, para la instalación de una mesa de atención con la comisión de defraudados de la Costa, en donde estaría presente el procurador de Justicia, Joaquin Carrillo Fuentes y con el titular de Sedesoh, Alejandro Jarquín López, sin embargo dijo que no asistieron a la reunión.
Explicó que en dicha reunión fueron atendidos por funcionarios de tercer nivel, sin embargo al notar que no podían dar solución a la problemática, optaron por solicitar la presencia de la Policia Estatal para que los defraudados fueran desalojados con lujo de violencia.
“Es lamentable que los funcionarios del Gobierno de Cué, que no acaten sus indicaciones y lo más grave es que lejos de dar una solución a la problemática, la agraven, llamaron a la Policía Estatal para que fuéramos desalojados», acusó.
Santibañez Bohorquez, exigió justicia a las autoridades de la Procuraduría de Justicia del Estado, de quienes dijo que no han recibido la atención, hay un rezago en las averiguaciones previas, además de 100 averiguaciones perdidas y 80 prescritas por la incapacidad y la negligencia del Procurador de Justicia.
Señaló que la falta de atención de las autoridades Estatales ha obstaculizado el proceso para que los defraudados ingresen al Fipago y recuperen sus ahorros.
Asimismo Santibáñez Bohórquez, enfatizó que el juzgado de Pochutla, determinó una sentencia absolutoria a Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista, quien es uno de los defraudadores de Corporativo Azteca.
“En este tiempo nos hemos dado cuenta de que existe un maridaje entre ricos y autoridades, ya que los defraudadores siempre han contado con el respaldo de la Procuradora de la Defensa del Indigena, dejando en la indefensión a cientos de personas», agregó.
Por ello la abogada hizo un llamado enérgico para que se reinstale la mesa de atención con los defraudados, de lo contrario amenazó con la toma de la Subprocuraduría Regional de la Costa en Puerto Escondido.