Por Comunicado
El diputado local perredista Horacio Antonio Mendoza presentó punto de acuerdo, para que sean garantizados los derechos fundamentales de habitantes afectados por proyecto de minera “Cuzcatlán”, en San José del Progreso.
En Sesión Ordinaria, el Vicecoordinador Parlamentario del PRD, presentó punto de acuerdo donde pide garantizar los derechos fundamentales de los habitantes afectados por los trabajos de la minera “Cuzcatlán” en la comunidad de San José del Progreso, luego de que desde el año 2006, dicha compañía (filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mains), ha realizado trabajos de exploración con el objeto de explotar y beneficiarse de las vetas conocidas como “Trinidad” y “Bonanza” ubicadas en este municipio.
Antonio Mendoza, indicó que amplios grupos de la sociedad civil así como ejidatarios de las comunidades de San José del Progreso, Maguey Largo, Cuajilotes y del Municipio de Magdalena Ocotlán, iniciaron un proceso jurídico de defensa y de movilización social pacífica en contra del proyecto y de la compañía minera, integrando para tales efectos, la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán.
“Este proyecto y todos los inconvenientes que trae consigo ya tiene mucho tiempo, y hasta hoy no se le ha dado solución, por el contrario los mineros han sido reprimidos, en mayo de 2009 fuerzas de seguridad pública estatales y federales, desalojaron violentamente una manifestación pacífica donde exigían la cancelación de los permisos otorgados para el proyecto, y tres años después, en los primeros meses del 2012, fueron asesinados Bernardo Vázquez Sánchez y Bernardo Méndez Vázquez, integrantes de la Coordinadora de Pueblos del Valle de Ocotlán, quienes habían participado en el proceso de oposición a la empresa minera, desde sus inicios”, detalló.
El legislador del Sol Azteca puntualizó que los habitantes de las comunidades “Trinidad” y “Bonanza” han manifestado que la zona donde la empresa minera pretende realizar exploraciones, es un área de recarga de los mantos acuíferos en la micro región, y que dichos trabajos, constituyen una grave amenaza en términos ambientales y de salud, para los habitantes.
En este sentido, añadió que desde el 2 de diciembre de 2016, se presentó un escrito ante la SEMARNAT, solicitando la denegación del Informe Preventivo que justificaría la realización del proyecto y la visita del personal de esa dependencia federal, a los lugares de exploración para constatar los daños ocasionados, sin que hasta el momento se haya realizado.