Por Comunicado
San Raymundo Jalpan, 05 de agosto de 2016.– La presidenta de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura del Congreso Local, Antonia Natividad Díaz Jiménez presentó un Punto de Acuerdo por el que esta Soberanía exhorta al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para que realice las políticas públicas integrales que combatan la discriminación y ayuden a romper las barreras tanto físicas como presupuestales respecto al tema de la niñez con discapacidad.
La también coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) consideró urgente realizar un censo de niñas y niños con discapacidad en las zonas marginadas de nuestro estado para que reciban el apoyo correspondiente, a fin de que no se violen sus derechos humanos bajo ninguna circunstancia.
En su exposición de motivos la legisladora señaló que la niñez con discapacidad aún es excluida en México, ya que de acuerdo a la UNICEF, a pesar de avances en materia de programas gubernamentales y legislativos, todavía son marginados en una sociedad que los estigmatiza.
Agregó que las personas con discapacidad son el sexto grupo más segregado, según el reporte de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, en el que se desconoce si existe un impacto en los niños de las políticas públicas a favor de sus derechos.
Natividad Díaz hizo referencia al caso más reciente que se ha dado a conocer, el de Herminia Martínez en la ranchería de San Marcos de la Flor perteneciente a San Martín Peras. Manifestó que de acuerdo a reportes en medios de comunicación, nadie sabe con certeza que edad tiene, su madre la abandonó y otro familiar que quedó a su cargo la encerró durante dos años en un corral en medio del monte en aislamiento.
“Por ello es importante que las autoridades encargadas de la política asistencial cuenten con un censo que permita conocer las necesidades de la niñez con discapacidad y garantizar el respeto a sus derechos fundamentales, y evitar casos como el de Herminia” aseveró.
Finalmente dijo que es tarea del gobierno articular y visibilizar los programas de atención a este sector. El Punto de Acuerdo fue enviado a las Comisiones Permanentes de Equidad de Género y Derechos Humanos para su análisis y dictamen.