Héctor F. Villanueva/Foto: Alfredo Juárez
Tras asegurar que no hay intervención por parte de la Secretaría de Vialidad y Transporte, tanto en el tema de taxis conurbados como de moto taxis, integrantes de la Central de Agrupaciones de Taxistas y Conexos del Estado de Oaxaca, exigieron al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez que aplique la normatividad a fin de que sean detenidos todos los taxis irregulares.
Al respecto Rodrigo Mendoza Barranco, secretario general se Sitios Alameda, indicó que hasta el momento no hay un operativo para detectar taxis piratas o que andan fuera de su jurisdicción, ya que es sabido que en Oaxaca de Juárez solo pueden circular los taxis amarillo, por lo que en el caso de los taxis conurbados pitados de azul y blanco no hay una regulación al respecto, por lo que es necesario que los municipios conurbados se pogan de acuerdo.
Indicó que esta situación ha provocado que los taxis amarillos sean detenidos en los municipios conurbados bajo cualquier argumento, mientas que los taxis conurbados circulan libremente por Oaxaca de Juárez, sin que el ayuntamiento capitalino y Sevitra actúen al respecto, basándose en una ley de transporte que no contempla esas unidades y solo se refiere al taxi de ciudad que es el amarillo y el foráneo que es guinda con blanco.
Apuntó que de manera errónea en el 2015 quisieron manejar una norma en la que le dan cabida a otro tipo de taxi que es el conurbado, cuando no lo ampara la ley, por lo que estos sitios deberían volver a la modalidad de foráneos, pero el problema es que hay otras unidades irregulares que vienen de otros municipios y que han sido pintadas de azul, en el afán de recoger pasaje en la capital y hacer servicio de sitio.
Añadió que son 650 unidades que componen siete sitios en la capital oaxaqueña quienes están exigiendo una solución, ya que además se ha visto como moto taxis han invadido la ciudad sin una regulación al respecto y que son tolerados solo porque pertenecen a una organización o sindicato.
Finalmente los integrantes de la CATCEO dieron una tregua de cinco días a las autoridades estatales y municipales para que actúen o en caso contrario se movilizaran para exigir que se regule el transporte.