Principal Municipios Denuncian actos de hostigamiento y abuso de autoridad del edil de San Martín Peras

Denuncian actos de hostigamiento y abuso de autoridad del edil de San Martín Peras

Por Redaccion

Elizabeth Mendoza / Foto: Alfredo Juárez

Familiares de migrantes de San Martín Peras, perteneciente a Santiago Juxtlahaca en la región Mixteca denunciaron hostigamiento y abuso de autoridad por parte del edil, Santiago Ramírez Cervantes, por lo que exigieron la intervención del Gobierno del Estado y de la Fiscalía General.

En conferencia de prensa, Virgen Rosado Matus, representante legal de los migrantes radicados en California, destacó que tanto el Presidente Municipal, como el Comisariado de Bienes Comunales han obligado a los ciudadanos a cumplir con el servicio comunitario.

Añadió que escudados en un falso concepto de los “usos y costumbres”, hostigan y amenazan a los familiares de los ciudadanos radicados en Estados Unidos a brindar servicio comunitario o en su defecto les exigen cuotas económicas.

“Los usos y costumbres no se tratan de imponer o obligar a la gente, las autoridades de San Martín Peras se toman atribuciones y actos sin facultades, obligar a las personas a dar servicios sin que les correspondan, y en caso de que se nieguen los meten a la cárcel, los obligan y amenazan con quitarles sus tierras, sus casas”, aseguró.

En ese sentido, Rosado Matus indicó que los migrantes radicados en California acudieron al Consulado de Estados Unidos en Mexico, para denunciar esta serie de abusos, asimismo presentaron quejas ante la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, ante la Fiscalía General del Estado, y la Cámara de Diputados, pese a ello las autoridades han sido omisas.

“Las agresiones que han cometido han llegado a tal grado, que golpearon a una señora por no querer cumplir con su servicio correspondiente, se han aprovechado de las personas adultas mayores los agreden, encarcelan y amenazan”, reiteró.

Finalmente, señaló que la Fiscalía General del Estado ha mostrado que no tiene la facultad de decidir y de actuar, cuando se trata de personas lesionadas de manera directa en su integridad física, por lo que solicitaron la intervención del Gobierno del Estado para dar solución a la problemática.

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