Elizabeth Mendoza / Foto: Alfredo Juárez
Habitantes de San Sebastián Nopalera, solicitaron la intervención del mandatario estatal, Alejandro Murat Hinojosa, ante la omisión del Secretario General de Gobierno, Héctor Anuar Mafud Mafud para resolver la problemática que prevalece con la comunidad de Zimatlán de Lázaro Cárdenas.
En entrevista Efraín Solano, integrante de la Comisión de Apoyo de San Sebastián Nopalera, destacó que las viudas y huérfanos afectados por el conflicto agrario, han sido constantemente citados por el Titular de la Segego, sin embargo no ha atendido las mesas de diálogo, “trata a las mujeres de una manera despectiva y ha sido omiso en la solución del conflicto”.
Detalló que ante la falta de sensibilidad de la Secretaría General de Gobierno, determinaron acudir al Palacio de Gobierno para solicitar una audiencia con el Gobernador del Estado y conozca la problemática en la zona.
“El conflicto ha dejado una veintena de muertos entre las dos comunidades, hay varios heridos, son muchas las viudas y madres que han perdido a sus esposos e hijos, el conflicto ya estuviera resuelto, pese a ello el Gobierno del Estado no ha cumplido con los pactados, que son la atención integral a los deudos y la instalación de una base de operaciones mixtas, que brinde seguridad a ambas comunidades”, subrayó Efraín Solano.
Asimismo, destacó que las comunidades en conflicto se encuentran en la disposición de llegar a una solución de paz mediante el diálogo y por medio de la división del ejido, como lo han establecido desde 2012 en acuerdos de asamblea, pese a ello las autoridades estatales se han negado a brindar el acompañamiento.
“En el caso de la Segego nos da un trato denigrante y racista a las mujeres, ha convocado y deja las mesas, nadie las atiende, es un conflicto de los considerados focos rojos que no le interesa, hay demasiada voluntad de las comunidades, sin embargo entre mas voluntad hay, menos atención ponen al conflicto, esperan ver más muertos y heridos”, asentó.
Por último Efraín Solano, reiteró su solicitud para que los Gobierno Federal y Estatal acompañen con la seguridad, a través de la base de operaciones mixtas, y la atención a los deudos, toda vez que el conflicto cuenta con medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).