El titular de la Unidad General de Administración de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo Peña Zazueta, solicitó a los diputados federales de esta Comisión, un presupuesto de dos mil 275 millones de pesos para su operación el próximo año, lo que representaría un incremento de 7.3 por ciento comparado con el que se aprobó para este 2016. Explicó que uno de los primeros rubros será la creación de 224 plazas que atenderán las nuevas funciones de la ASF. Acuerdo al que llegaron los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para que se dé prioridad en el presupuesto para aquellas instancias nuevas del Sistema Nacional Anticorrupción.
Entre las nuevas funciones de la ASF se encuentran el de investigación, substanciación, revisión de participaciones, deuda pública, participación en el Sistema Nacional Anticorrupción y Fiscalización, así como el impacto en las áreas de soporte de la institución. Víctor Manuel Andrade, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF, detalló que además de poco más de mil 600 auditorías, entre las nuevas funciones de ese órgano fiscalizador se revisará el gasto federalizado de las participaciones de los Estados, se auditará la deuda garantizada por la Federación y el cumplimiento de la ley de disciplina financiera. Con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se duplicará, aseguró el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, Luis Maldonado.
El legislador del PRD afirmó, sin embargo, que se trata de “un presupuesto marginal” el asignado a este rubro como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017. En su exposición, el diputado del Partido Encuentro Social (PES), Gonzalo Guízar Valladares, opinó que todo peso que se destine a la fiscalización deberá verse como una inversión y no como un gasto. “Siempre y cuando éste sea eficaz y oportuno.
La fiscalización debe verse como un incentivo social, sobre todo para el órgano legislativo que es el responsable por mandato constitucional”. Sin embargo, para el diputado independiente, Manuel Clouthier, criticó el monto solicitado pues consideró que “es muchísimo dinero tan solo para operar la planta laboral”. En el mismo sentido, la diputada del PRI, Carolina Viggiano, dijo que es indispensable conocer cuántas plazas actualmente la integran, qué funciones tendrán las nuevas, lo cual dijo deberán revisar.
El legislador priísta, Marco Antonio Aguilar, expresó que cada plaza que se pretende crear, costará en promedio, un total de 86 mil 914 pesos mensuales, lo que generará controversia y por tal motivo se tendrán que explicar las funciones que realizarán cada una de ellas.
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