*Consejeros se convierten en “caballos de Troya” y responden a intereses de partidos
*Fue insuficiente la reforma legislativa de 2014 para frenar “saltos”, advierte experto
De acuerdo al constitucionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Roberto Duque, y al portal Periodismo CIDE-Violómetro Constitucional, en materia de Políticas Públicas esta “falta de ética” entre los servidores que buscan saltar de ser jueces a consejeros y luego a magistrados y ministros sin cumplir con los tiempos constitucionales, ha terminado también por retrasar la consolidación del sistema democrático electoral del país.
Desde la Reforma Legislativa de 2007, con la desaparición de la figura de consejeros suplentes, se abrió paso a la constante existencia de lo que se dio en llamar el “IFE mocho”, cada vez que la Cámara de Diputados no nombraba en tiempo y forma a los consejeros sustitutos de los aspirantes que, antes de cumplir con el periodo legal para el que fueron elegidos, saltan en busca de puestos en otras instancias como el Tribunal Electoral.
Especialista en Democracia y Derecho Constitucional, el profesor Duque Roquero puntualiza que si bien no existe en la ley algún precepto que prohíba estas postulaciones, sí hay un lamentable problema de falta de ética y sobre todo de responsabilidad pública, en quien aceptó ser nombrado para un periodo de tres, seis o nueve años en el INE, pues ello implica un compromiso en términos de servicio público.
Recuerda que si bien es cierto que en la última reforma de 2014 se estableció un pequeño dique contra la existencia de “consejeros chapulines”, al facultarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a nombrar a los consejeros sustitutos, en caso de que la Cámara baja vuelva incumplir con los tiempos constitucionales, también lo es que el problema no se resolvió de fondo, pues todavía hay consejeros electorales sin completar el periodo de ejercicio para el que fueron electos y buscan ocupar una nueva plaza en el TEPJF.
En 2012, dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigieron al gobernador Guerrero, Ángel Eladio Aguirre Rivero y a sus diputados locales, “sacar las manos” del proceso de selección de candidatos a magistrados y consejeros electorales.
Al referirse a la selección de magistrados y consejeros electorales, el perredista Ernesto Fidel Payán, calificó de lamentable no dar la oportunidad de participar a gente nueva y que quienes estaban en el servicio público pretendieran solo cambiarse del Tribunal Electoral del Estado, al Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG).
Tres años más tarde, la dirigencia estatal del PAN en Coahuila inició un proceso jurídico contra consejeros locales electorales que buscan migrar al nuevo Organismo Público Local Electoral (OPLE), al considerar que el Instituto estatal local trabajó siempre al margen de la ley.
Rodrigo Rivas Urbina, secretario general de Acción Nacional, denunció que Leopoldo Lara, Alejandro González y Manuel Gil carecían de solvencia moral para seguir en el nuevo OPLE. “Volveríamos a los mismos vicios en los órganos estatales electorales y estaríamos retrocediendo en la democracia si se designa a cualquiera de los siete consejeros que actualmente colaboran en el IEPC”, argumentó.
La referencia específica era sobre los consejeros locales Leopoldo Lara, Alejandro González y Manuel Gil, quienes se encontraban entre los 143 ciudadanos inscritos en la selección del nuevo organismo electoral, cuyo proceso de designación estuvo a cargo del INE.
Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene el registro de 130 solicitudes de aspirantes a ocupar siete cargos como consejeros en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que deberá quedar renovado o conformado a inicios de noviembre próximo.
Los siete aspirantes a nuevos integrantes del TEPJF tendrán la responsabilidad de calificar la elección presidencial de 2018 y los comicios para renovar las tres gubernaturas que estarán en disputa el año próximo.
“SALTIMBANQUIS” EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Según estos registros, los consejeros electorales Adriana Favela, Beatriz Eugenia Galindo y Marco Antonio Baños buscan saltar del Instituto Nacional Electoral, para llegar al Tribunal Electoral al igual que el fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, quien se dice fue impulsado por el PRD desde el Senado para llegar al cargo.
De la misma forma, Baños Martínez, Favela Herrera y Galindo Centeno, son acusados de estar vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI). En esta lista también se menciona al exprocurador General de la República (PGR), Daniel Francisco Cabeza de Vaca, quien fue consejero jurídico de la Presidencia con Vicente Fox y posteriormente consejero de la Judicatura.
En la lista de aspirantes, se cita además a Claudia Beatriz Zavala, quien se desempeñó como presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México y a Alfredo Eduardo Ríos Camarena, exfuncionario del IFE que busca también un espacio en el TEPJF. Otros aspirantes son Carla Astrid Humphrey, expresidenta del IEDF, y Fernando Agiss, exdirector jurídico del IFE.
“Sí, es muy lamentable y una mala noticia”, refiere el investigador y catedrático universitario, Roberto Duque, quien explica que los cargos para el INE son de nueve años, “aunque hay que distinguir porque ahora el organismo es una Institución nueva y como tal, entonces los consejeros que están actualmente, algunos de ellos se eligieron por tres años, otros para seis, y los últimos por 9, con el fin de procurar un escalonamiento a futuro”.
“A partir del 2017 -continúa el profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM-, todos serán por 9 años, ya que el año próximo los primeros cumplirán sus tres años, y efectivamente, hay varios consejeros que están ahora buscando una posición distinta”.
Remarca que es una muy mala noticia, porque la función de consejero electoral es una encomienda constitucional de la más alta relevancia del órgano autónomo que se encarga de la democracia en México, de las organización de las elecciones a nivel nacional, y no están completando el periodo para el cual fueron designados por la Cámara de Diputados”.
EN JUEGO LA CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE 2018
De acuerdo con la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el caso de dos magistrados del Tribunal Electoral, la vigencia de sus cargos será del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2019, dos más concluirán su ejercicio en 2022 y otros tres hasta el año 2025.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación integrará las ternas que serán enviadas al Senado de la República para la designación de este nuevo grupo de magistrados. Los senadores hasta el 30 de octubre, para llevar a cabo las designaciones y también los legisladores definirán el periodo que corresponderá a cada uno de los elegidos.
En la primera fase, la SCJN elegirá a 42 candidatos, mismos que deberán comparecer para una evaluación; el siguiente filtro será de 21 aspirantes, quienes integran las ternas que serán enviadas a la Cámara Alta.
Sin embargo, Roberto Duque recuerda que “por un defecto en nuestra legislación, ya no existe la figura del suplente en el Consejo General del INE. Antes de la reforma de 2007 había suplentes en el entonces IFE, y si algún consejero salía pues entraba otro suplente. Ahora no hay suplentes y se quedan vacantes esas sillas, “y por ello es que desde esa reforma en la ley, hemos tenido varios momentos en los que el IFE ha quedado como se le ha denominado en la opinión pública por estar incompleto: el IFE ‘mocho’”.
Entre 2010 y 2011, fue más de un año que quedó sin un par de miembros el Consejo General del IFE. Entonces quedaron seis, “y eso fue un desastre, porque no hay voto de calidad en el INE, entonces cuando quedaban empatadas las votaciones no había forma de proceder o proseguir en ningún sentido”, refiere el maestro universitario.
Fue un momento muy difícil porque las reglas determinaban que si había una mayoría en contra, se devolvía a comisiones; si era a favor, se aprobaba y ya, pero si era empate, se quedaba como en el limbo, por lo que hubo un momento, que en términos de Estado de derecho, de legalidad en el país, muy lamentable, ya que los legisladores, concretamente en la Cámara de Diputados, violaron directamente el 41 constitucional al no nombrar a los consejeros que faltaban.
Más adelante, el Instituto Nacional Electoral también quedó incompleto con 5 consejeros nada más, hasta que se aprobó el tema, o sea el último tramo del IFE, hasta que nombraron a los once consejeros del INE. De cualquier forma, hemos tenido el problema de quedar con una autoridad incompleta en México, sin cumplir con la debida integración de los órganos institucionales.
Ahora, nuevamente hay consejeros que se están postulando para un cargo distinto en el Tribunal Electoral, con el riesgo de que en caso de resultar designados por el Senado -para el Tribunal quien elige es el Senado-, se presente nuevamente el problema de cubrir los huecos que queden en la mesa del Consejo General del INE.
LAS VIOLACIONES A LA LEY EN LA DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS MAGISTRADOS
El portal de Periodismo CIDE – Violómetro Constitucional en materia de políticas públicas, reporta y mide en tiempo real las transgresiones a nuestra Carta Magna por parte de los legisladores en el Congreso de la Unión, y pone de manifiesto que este “defecto” legal, ya sea en la Constitución o en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, permite la existencia de “consejeros chapulines” y forma parte de las últimas 22 violaciones a nuestra Constitución.
Entre las transgresiones legislativas identificada por el portal de seguimiento, están la de la designación de magistrados en la LXI Legislatura, cuando la Cámara baja debió elegir en tiempo y forma a tres consejeros del Consejo General del IFE a más tardar el 30 de octubre de 2010, fecha en la que concluyeron su encargo los tres consejeros s
alientes.
Otra fue la en la LXII, cuando los diputados de San Lázaro, debieron nombrar, a más tardar en abril de 2013, al consejero o consejera que cubriera la vacante que dejó Sergio García Ramírez. Y la de la LXII legislatura, cuando la Cámara de Diputados debió nombrar, a más tardar el 30 de octubre de 2013 los cargos vacantes en el Consejo General del IFE.
Una más en la LXII Legislatura, cuando la Cámara de Senadores, a más tardar el 26 de febrero de 2013, debió elegir a los magistrados de las 5 Salas Regionales del Tribunal Electoral. O más recientemente, cuando LXIII Legislatura del Senado, a más tardar el 7 de marzo de este año, debió elegir a los magistrados de las 5 Salas Regionales del TEPJF.
“Qué triste que, en lugar de trabajar en soluciones de fondo, mejor contemplemos los supuestos de que el legislador viole la ley”, señala Roberto Duque, quien comenta que las 22 violaciones reportadas en Violómetro Constitucional, dan constancia de un triste precedente para la cultura de la legalidad y de nuestro flácido estado de derecho.
En marzo de este año, el pleno del Senado eligió y tomó la protesta de ley a cinco nuevos magistrados de Salas Regionales del TEPJF. En sesión plenaria se eligió a Gabriela Eugenia del Valle como magistrada de la Sala Regional del Tribunal en Guadalajara. Asimismo, eligió a Claudia del Valle como magistrada de la Sala Regional del Tribunal en Monterrey.
Enrique Figueroa Ávila fue electo magistrado de la Sala Regional del TEPJF en Xalapa, Veracruz. María Guadalupe Silva, como magistrada de la Sala Regional en la Ciudad de México, y Alejandro Avante Juárez fue avalado con 80 votos, por lo que es magistrado de la Sala Regional del TEPJF en Toluca.
EL SOL DE MÉXICO