Desde su creación, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en 1994 ha integrado dos mil 686 corresponden a actos de corrupción electoral, sin embargo, de éstos, mil 086 concluyeron en el No Ejercicio de la Acción Penal, debido a que el marco legal permite al impunidad de estos delincuentes.
“La debilidad legislativa genera un marco de impunidad en el que los delincuentes electorales continúan aprovechándose de recursos públicos para influir negativamente en los procesos electorales, motivados por el hecho de que las sanciones a las pueden hacerse acreedores son muy bajas, ya que, es menos gravosa una sanción por la vía penal que una por la vía administrativa, situación debe y puede revertirse, ya que genera impunidad”, indica la Fepade.
Aunque la Fiscalía admite que la reforma político-electoral de 2014 consideró el tema de la corrupción electoral, ésta fue insuficiente ya que este delito no se considera grave, una situación preocupante ya que atenta contra principios básicos de la democracia como equidad y neutralidad en las contiendas electorales.
Uno de los argumentos de la Fepade para exigir ese cambio constitucional es que la corrupción electoral va en aumento, sobre todo en los estados, ya que pese a que históricamente los picos de denuncias eran en procesos federales, en 2016 se alcanzó el récord de expedientes con 469 en las 13 elecciones locales.
Fepade destaca dos casos exitosos y emblemáticos de redes de corrupción electoral en los últimos años. En Veracruz, se lograron ocho órdenes de aprehensión contra servidores y ex servidores públicos federales y estatales por este delito. En Chihuahua, también se logró acreditar que ocho funcionarios públicos desviaron recursos públicos de la entidad, por lo cual hubo dos órdenes de aprehensión, entre ellas una para el ex gobernador César Duarte.
“Se propone una reforma al párrafo segundo, del artículo 19 de la Constitución, así como a las normas secundarias a partir de las cuales se prevea la prisión preventiva oficiosa en los supuestos de peculado electoral de alta cuantía y de financiamiento ilícito con fines electorales”, indica la Fepade.
La Fiscalía no es la primera instancia que llama a esta reforma constitucional. Por ejemplo, Jaqueline Peschard Mariscal, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción del Sistema Nacional Anticorrupción, y Juan E. Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, se pronunciaron porque los delitos electorales deben considerarse como graves.
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