El encargado de vigilar las elecciones informó que desde que inició el proceso electoral, el pasado 8 de septiembre, se han generado 12 denuncias anónimas de empleados que acusaron a sus patrones de presionarlos para votar por un determinado candidato.

El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien hace casi un mes se confrontó abiertamente con los empresarios, aseguró el martes pasado que recibió denuncias de que algunas empresas están amenazando a sus trabajadores de correrlos si no votan por su adversario panista Ricardo Anaya.

“Coppel, Muebles América, Hospital Viejo, están obligando a sus trabajadores a dar su voto a Anaya, si no, es probable que pierdan su empleo. Piden la captura de los votos, es decir, que les tomen foto con el celular al voto para que quede como constancia”, afirmó López Obrador.

La Ley General en Materia de Delitos Electorales delinea 200 tipos penales, es la más extensa en este tema del mundo, y establece que se sancionará con prisión de seis meses a tres años y una multa a quien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición… o solicite u ordene evidencia del sentido de su voto (como una foto) o viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto.

“Algunas de las denuncias vía telefónica son por personas de instituciones empresariales o de negocios que quieren presionar a sus subordinados para que participen en actos políticos o que puedan votar por un partido”, dijo el fiscal.