También rechazó el falso argumento de las empresas mineras respecto a que el gobierno de México no permitirá que un ombudsman canadiense investigue las actividades de empresas de ese país en México.
Gómez Urrutía informó que en los próximos días habrá una visita a la ciudad de Ottawa por parte de miembros del gabinete del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
El líder minero dijo que durante esa reunión tiene que plantearse la cooperación del nuevo gobierno con Canadá para obligar a sus empresas a respetar los derechos humanos, laborales y ambientales, “así como dejar en claro que no se dejará en la impunidad los asesinatos y otras injusticias de compañías mineras’’.
Algunos casos conocidos son:
- la compañía Blackfire en Chiapas, donde el defensor comunitario Mariano Abarca fue asesinado en 2009
- Excellon Resources en Durango, donde la empresa reprimió el Ejido La Sierrita y suprimió el intento de sus trabajadores de sindicalizarse en 2012; y
- Torex Gold Resources en Guerrero, donde tres miembros del Sindicato Minero, los hermanos Víctor y Marcelino Sahuantitla Peña, así como Quintín Salgado Salgado, asesinados durante el último año por exigir un sindicato democrático.
“Ninguno de estos asesinatos fue investigado o sancionado por las autoridades mexicanas ni por las canadienses”, asegura el Senador Gómez Urrutia.
Por ello, dijo, el movimiento sindical y la sociedad civil de Canadá han abogado para que el gobierno canadiense establezca un defensor de derechos humanos, para las comunidades y trabajadores cuyos derechos han sido violados por corporaciones canadienses.
Recordó que el mecanismo del citado ombudsman fue anunciado por Canadá en enero del presente año, hace 10 meses. Sin embargo, las autoridades de ese país no han nombrado. El gobierno canadiense originalmente prometió que el responsable de esta actividad tendría el poder y los recursos necesarios para investigar de forma independiente.
Las compañías de ese país que operan en México están ahora tratando de asegurar que el ombudsman no tenga tantos poderes para investigar de forma independiente y reportar públicamente, y uno de los argumentos que ningún gobierno extranjero permitirá que un defensor de derechos canadiense investigue las actividades de empresas canadienses en su país.
EL SOL DE MÉXICO