El 18 de junio de 2008, entró en vigor en México una polémica reforma para transformar el sistema penal tradicional en uno acusatorio, es decir, uno que orienta sus beneficios hacia la víctima del delito y basado en juicios orales transparentes. El Gobierno estableció como plazo ocho años para lograr esta transición, pero a un mes y medio de la fecha límite, ni un solo Estado mexicano está listo para iniciar su operación y, según los expertos, tardará otros 11 años más en estar preparado.
Incluso algunos Estados están tan alejados de la meta, que según el cálculo de Cidac podrían tardar hasta 40 años en adaptarse al sistema acusatorio. Los expertos no especificaron qué entidades tienen este rezago tan pronunciado, pero en su lista aparecen en último lugar el norteño Sonora, el sureño Guerrero y el céntrico Colima.
El Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac) evaluó los avances del país y de cada Estado en materia legal y judicial para llegar al objetivo de establecer el sistema penal acusatorio para el 18 de junio de 2016, y descubrió que ni una sola entidad ha llegado al estándar fijado para 2014, aunque éste rebajaba las expectativas de 2008, “lo que hace evidente que aún no estamos cerca de contar con un sistema de justicia penal eficaz, eficiente y que asegure el respeto de los derechos humanos de los imputados y las víctimas”, señala el reporte.
Entre las principales razones de este atraso están la falta de coordinación entre las instituciones; la disparidad de criterios de actuación entre cada Estado y el constante cambio en las autoridades impartidoras de justicia, expusieron los expertos de Cidac y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en la presentación del Informe. Pero el gran pendiente, advirtieron, es la capacitación a la Policía, que es el primer contacto que tiene la víctima al denunciar un delito.
Según el informe, el número de oficiales preventivos capacitados para el nuevo sistema acusatorio es de 22.535 y falta capacitar a 117.567 en todo el país; en tanto que el personal penitenciario capacitado es de 4.121 y faltan por capacitar 69.501, a mes y medio del ‘Día D’. Esto significa un rezago de 94.40% en la capacitación al personal carcelario y de 88.74% en la policía preventiva.
El número de elementos –capacitados o no- también es insuficiente: Cidac indica que en el país faltan 21.992 policías preventivos; en Veracruz faltan 1.500 y el Estado de México tiene un déficit de 6.000 policías preventivos, 1.500 de investigación y 500 ministerios públicos.
Otros focos rojos en México para Cidac son Baja California, donde hay un juicio oral por cada 102 causas que ingresan, y Guerrero, donde “por su situación particular” es muy difícil la transición al sistema acusatorio, explica María Novoa, directora del área de Justicia de Cidac.
“La coordinación de las defensorías, ni se diga la policía, y el nuevo rol del asesor victimal, lo vemos más lejano. No existe un referente en el país que pueda ser replicable; hay algunos estados que se han aproximado, como Chihuahua o Baja California, que tiene diferentes instancias pero creó una plataforma de comunicación que las conecta. Yucatán tiene un sistema integral, y Guanajuato también ha tenido avances. Pero ninguno tiene aún las funcionalidades requeridas para ser un modelo replicable”, detalló Novoa.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, la cifra negra de delitos en México –los que no se denuncian y los que no derivaron en averiguación previa- fue de 92.8% a nivel nacional durante 2014, lo que refleja la total desconfianza de los mexicanos en la justicia de su país. El reporte de Cidac destaca que 32% de los encuestados dijo que la denuncia “es una pérdida de tiempo” y 16.8% no denuncia porque desconfía de la autoridad.
Además del informe, Cidac presentó el documental ‘¿Cómo arreglar una locomotora en marcha?’, en el que aparece el empresario Alejandro Martí, quien unos días antes de la entrada en vigor de la Reforma Penal (junio de 2008) perdió a su hijo Fernando, de 14 años de edad. El adolescente fue secuestrado y asesinado, y este crimen levantó una ola de protestas en México por la inseguridad. “Si no pueden con la inseguridad, renuncien”, dijo Martí dos meses después a los funcionarios del Consejo Nacional de Seguridad, incluido el entonces presidente Felipe Calderón.
Ocho años después, Alejandro Martí dice en el video que el Gobierno es muy indolente porque no invierte en el eslabón más importante de la justicia mexicana: la Policía. Pero los funcionarios están “listos para empezar a aprender”, dijo el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, en el mismo documental.
“No veamos el vaso medio vacío”
El Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de Justicia Penal no cree que México necesite otros 11 años para concluir la transición, sino sólo cinco. Su titular, María de los Ángeles Fromow, asegura que el sistema acusatorio está listo para su implementación el próximo 18 de junio y que a partir de ahí empezará una etapa de operación. Negó que exista una falta de coordinación entre las instituciones y dijo que el informe de Cidac tiene “una visión y una metodología diferentes” a las del organismo a su cargo.
Durante la presentación del reporte, la exfiscal llamó a no ver el “vaso medio vacío” de los atrasos, que calificó como “áreas de oportunidad y perfeccionamiento”.
“Se avanzó considerablemente pero todavía falta para esa consolidación, ese día a día de generar los resultados que la gente está esperando. Estaremos operando, operará el sistema, pero el trabajo de las instituciones irá viendo qué es necesario, fortalecer algunas áreas de capacitación, adecuar modelos, protocolos, en el quehacer del ejercicio propio del sistema de justicia penal”, argumentó la funcionaria.
EL PAÍS