Quedaría “Congelada” Ley de Aguas; controversias en el Legislativo.
*Al menos 10 millones de mexicanos carecen de acceso al líquido
*Crecen controversias en el Poder Legislativo; la ciudadanía, ignorada
A pesar de que sus protagonistas han declarado lo contrario, lo cierto es que todo indica que la iniciativa de Ley General de Aguas Nacionales se quedará atorada otra vez en el actual periodo ordinario de sesiones. Las controversias se han sucedido y se sigue perdiendo el tiempo en el Poder Legislativo, mientras la ciudadanía se queja de que no se le ha consultado, no ha habido consenso ni participación y el problema es que, a la fecha, al menos 10 millones de mexicanos carecen de agua potable, de acuerdo a datos oficiales de la Comisión Nacional del Agua.
En un contexto en el que los mexicanos apenas consumimos 0.360 de litro de agua potable diariamente y hay regiones en las que la contaminación impide siquiera esta ingesta para millones, como se recordará, en el 2012 se reformó el Artículo Cuarto Constitucional incluyéndose el reconocimiento al derecho humano al agua, dándose como plazo, entonces, un año para una nueva Ley que regulara y estableciera las condiciones para garantizar este derecho a toda la población. Esto no ha ocurrido.
Lo que sí ha sucedido, según fuentes del INEGI y de la propia Comisión, es que mientras el Legislativo no avanza para la consecución de esta normatividad, entre el 30 y el 50 por ciento del abasto público de este líquido se pierde en fugas, mientras que el 17 por ciento del agua potable (destinada para el consumo humano), se va en el uso industrial y/o comercial, además, por si fuera poco, el 37 por ciento de las tomas en el país son clandestinas.
Hoy en día, el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados apenas se ha empezado a manifestar para defender este derecho. “No podemos permitir que se le quite esta clasificación al agua y se maneje de manera mercantil”, expresó a EL SOL DE MÉXICO, el diputado Arturo Alfaro Santana, corresponsable de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, en San Lázaro.
Por cierto, el presidente de este órgano legislativo, Ignacio Pichardo, declinó hacer comentarios sobre esta postergación que él mismo encabezara desde hace dos legislaturas.
Entre los puntos más sensibles, dentro de la propuesta respectiva, se encuentra el tema de la minería y desde luego, el fracking –en donde se inyecta agua en forma indiscriminada para sustraer gas del subsuelo-, destacó el diputado y señaló que ante esto, la nueva reglamentación “debe establecer los parámetros y límites para la inversión de empresas privadas en estos rubros”.
Otro aspecto importante que se no se ha tomado en cuenta en esta iniciativa es la conformación de cuencas, destacó Alfaro Santana, quien explicó que estos organismos ya existen desde la actual Ley de Aguas, sin embargo, el objetivo es poner un mayor énfasis en la participación ciudadana.
“Se trata de una mayor colaboración con límites que vayan a la autoridad federal para efectos de evitar que se contamine este tema del agua con cuestiones de comercio, en lugar de velar por lo que queremos todos, que sea un derecho fundamental”, enfatizó.
El diputado perredista destacó que es necesario no volver a cometer los mismos excesos que se realizaron con la llamada Ley Korenfeld, en honor al que fuera el primer titular de la Conagua en esta administración, la cual fue rechazada en la pasada legislatura, porque entre otros objetivos tenía la de privatizar el suministro del agua en todo el país.
Por ello, puntualizó, es necesario rehacer de nuevo esta propuesta, en donde hasta el día de hoy no hay siquiera un número determinado de artículos y apenas se encuentra en la conformación del cuerpo legal correspondiente.
El legislador expresó que en esta nueva propuesta serán tomadas en cuenta las otras dos iniciativas que se crearon tanto la ciudadana, como la de que surgió también en el Congreso; además de integrar una serie de planteamientos por parte de académicos e investigadores expertos en el tema. Sin embargo, por ahora no se tiene todavía algo en forma y eso es un hecho, admitió.
Alfaro Santana reveló que hace unas semanas solicitó al diputado Pichardo, le hiciera llegar algún avance del articulado de la nueva Ley General de Aguas Nacionales, la cual, puntualizó, se espera aprobar, pero en los próximos meses, siendo optimista.
DERECHO AL AGUA
Para investigadores de la UNAM y la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, avalar una nueva Ley General de Aguas Nacionales en los próximos meses sería algo caótico, pues la escasez y desigualdad por este recurso hídrico se profundizaría.
“Si bien en esta última versión se han eliminado los artículos más conflictivos como, por ejemplo, el hecho del que el estudio de la calidad del agua ya se pueda hacer sin permiso de la Conagua, nos sigue preocupando que todo esto es muy general y el reglamento lo sigue haciendo solo este organismo”, destacó Leticia Merino, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
La investigadora consideró que por parte del Estado existe la decisión de pasar cueste lo cueste, incluso por encima de los derechos de los ciudadanos para aprobar esta ley. “Se está apostando en sacar en los próximos meses la Reforma a la Ley del Agua, que es la que les falta después de la Energética y de la Educativa”, resaltó.
Desde su punto de vista, el tema de la minería y el fracking no deben ser puntos prioritarios y resulta fundamental en esta nueva ley el destino del agua, pero para uso humano, agrícola, comunitario y para los ecosistemas, recalcó Merino.
Sobre el tema de las cuencas, la también doctora en antropología subrayó que este punto no debe estar centrado en una autoridad única, como se plantea que sea Conagua, sino que tiene que estar basado en la participación social.
En lo que hace a la reducción al presupuesto en el sector ambiental, Merino opinó que el tema del agua es un rubro prioritario, sin embargo, este recorte es una expresión de la poca importancia que se da al cumplimiento de este compromiso internacional y del respeto a los ciudadanos.
A su vez, Pedro Moctezuma Barragán, coordinador general del Programa para la Sustentabilidad de la UAM, mencionó que está a favor de una iniciativa donde la ley sea favorable para los intereses de la nación, considerando al agua como un bien común.
“Desde hace cuatro años y medio hemos construido una iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas Nacionales, la cual tiene el objetivo de garantizar agua para todos, para la soberanía alimentaria, para los ecosistemas y romper la corrupción del manejo hídrico”, destacó el también integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos y Agua para la Vida.
El investigador destacó que se ha dado a la tarea de estudiar la propuesta que circula en la Cámara de Diputados: “me sorprenden algunas cosas como la eliminación de ejidos y comunidades en donde la actual Ley de Aguas Nacionales tiene un capitulo y esto queda fuera en la nueva propuesta”, advirtió Moctezuma.
Además, es una iniciativa que no sanciona ni supervisa las cuestiones de contaminación, lo plantea como algo voluntario donde las mismas empresas se autorregularían.
“Si estas compañías que han violado recurrentemente la ley, ahora se van a (auto) normar, qué podemos esperar, es una legislación que no garantiza un manejo integral de cuenca, que no tiene garra para sancionar y que incumple el derecho humano al agua”, puntualizó Moctezuma.
PRIVATIZACIÓN
Durante el foro “¿Por qué necesita México una nueva Ley General de Aguas?”, realizado hace poco, el actual director de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, señaló que es importante fijar principios y discutir una nueva normatividad, porque hoy el agua vive una realidad diferente y enfrenta nuevos retos.
Entonces, el funcionario expresó que se requiere una reglamentación que responda al crecimiento urbano y productivo, en la que se discuta a quién le pertenece el agua, quién tiene más derecho, cómo transportarla y en la que se analice la responsabilidad de los tres niveles de Gobierno en el abastecimiento del líquido. “También hay que revisar la figura del municipio en la administración del agua”, añadió.
Además, el titular de esta Comisión, enfatizó que está totalmente en contra de la privatización del agua ya que el tema “no es una moda ni una bandera política, sino una garantía de prosperidad”.
VEDAS
De acuerdo con la Conagua, en el país hay 680 acuíferos de los cuales 450 ya se encuentran vedados. “La explotación en estos cuerpos de agua no está reglamentada y el Estado sigue otorgando concesiones”. Lo malo es que la problemática aumenta imparable cada día, hizo ver, por su lado, Jaime Castillo Ulloa, dirigente de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas.
El líder de Unorca, explicó que bajo esta anómala transmisión de derechos se puede permitir la perforación de pozos, construcción de obras de infraestructura o la instalación de cualquier otro mecanismo que tenga por objeto la extracción de las aguas nacionales del subsuelo.
El responsable de este organismo recalcó que esta realidad “tiene que desaparecer en la nueva Ley de Aguas Nacionales, donde bajo ningún concepto debe seguirse permitiendo estas concesiones”.
Castillo Ulloa señaló que no se están respetando estas vedas, al contrario, el Estado usa indiscriminadamente los acuíferos, hay una situación muy difícil, en muchos de ellos hay un abatimiento, sobre todo en el caso de los subterráneos y de las aguas de manantial, resaltó.
Entre las zonas más afectadas, destacó el líder agrícola son la parte norte del país en los Estados de Chihuahua, Sonora, en el centro están Puebla, Guanajuato y el Estado de México.
Al final, mientras tenemos una realidad inadecuada socialmente hablando, según la cual solo el 27 por ciento de las aguas superficiales son de calidad aceptable y apenas el 24 por ciento de éstas no se usan, porque están muy contaminadas, en San Lázaro les tiene sin cuidado esta problemática y siguen haciendo cálculos políticos, poniendo el tema del agua como moneda de cambio ante otras iniciativas.
EL SOL DE MÉXICO