Los diez años de persecución a la delincuencia organizada y al narcotráfico por fuerzas federales también trajo consigo la instalación de retenes, blindajes y operativos de fronteras que no están regulados y en ocasiones tampoco se rigen con protocolos, inclusive, los ciudadanos llegan a toparse, no solo con “retenes falsos”, sino con violaciones a los derechos humanos, a las garantías individuales y al libre tránsito de las personas.
Las autoridades gubernamentales, a través de las Fuerzas Armadas y las policías, federal, estatal y municipal, han implementado diferentes operativos en ciudades, carreteras y caminos, con el fin de combatir a la delincuencia, al tráfico de drogas, armas y tráfico de personas, así como para detectar vehículos robados, delincuentes y conductores bajo los efectos del alcohol o sustancias tóxicas.
Sin embargo, senadores justifican que ante la fragilidad de las instituciones de seguridad, los retenes se hacen necesarios para prevenir el delito, pero advierten que tampoco deben constituir “un cheque en blanco’’ para los tres órdenes de Gobierno.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha señalado las frecuentes violaciones de garantías que allí se cometen. “Los retenes -de acuerdo con la apreciación social y lo observado por nuestros visitadores- no parecen ser un obstáculo importante para quienes llevan a cabo las actividades del crimen organizado; muy a menudo se convierten, en cambio, en focos de abuso y exacción contra personas cuya única falta es querer circular con libertad’’.
Pero senadores como el panista Roberto Gil Zuarth, en su iniciativa de Ley de Seguridad Interior, busca institucionalizar los retenes. Otro panista lo secunda, pues Fernando Yunes Márquez impulsa modificar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para regular la operación de puntos de revisión vehicular, llamados “retenes”, y homologar su reglamentación en los tres niveles de Gobierno bajo los principios de eficacia, eficiencia, seguridad y certidumbre, en beneficio de la ciudadanía.
Y qué dice el Artículo 11 de la Constitución: otorga a los ciudadanos la libertad de tránsito; el Artículo 16, el de no ser molestados en su persona y sus bienes; el Artículo 20, la presunción de inocencia, y el Artículo 21 limita a los policías a realizar actos de investigación siempre y cuando sean vigilados por el Ministerio Público.
El senador perredista Luis Humberto Fernández Fuentes dice que los retenes no constituyen una violación a los derechos humanos, ni tampoco a la libertad de tránsito.
Argumenta que están apegados a derecho y constituyen uno de los pocos elementos que tiene el Estado mexicano para realizar supervisiones y prevenir los delitos. “En ese caso no se tiene una carga negativa”, enfatiza.
Hay que destacar, explica el perredista, que eventualmente y de manera aislada, estos retenes han sido motivo o pretexto para cometer arbitrariedades, pero en un estado en el que estamos actualmente, con instituciones tan vulneradas y débiles, pensar en eliminar los retenes, “sería quitar uno de los pocos elementos que se tienen para la prevención del delito”.
“En el caso de las autoridades federales, prácticamente en todos los retenes, aquí se incluyen los que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, tienen protocolos muy establecidos, en los cuales se respetan los derechos humanos y hay mucha claridad sobre cómo operan; en cuanto a la parte ilegal, como todo, rebasa las actividades del Estado. Pero lo que realiza el Estado Mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación y de la Sedena, normalmente siguen los protocolos, y lo que hacen los delincuentes, es hablar de otra cosa”.
Fernández Fuentes apunta que ese tipo de operativo “es una acción para prevenir el delito y difícilmente podríamos estar en contra, pero estaacción que no constituya un cheque en blanco para violar derechos humanos o cometer arbitrariedades. En todo caso no creo que sea insumo para una ley, pero si es importante destacar que se apeguen a los protocolos establecidos”.
Sin embargo, dio que “la frágil situación de las instituciones de seguridad, hacen indispensable los retenes, porque hay pocas herramientas disponibles, pero quien haya viajado a través del mundo encontrará que en muchos países hay retenes de manera constante; en Sudamérica son una constante y en Estado Unidos sin mayor provocación también lo hay”.
Lo que sí es indudable, que generan una molestia a la población; por eso este tipo de operativos tienen que estar justificados y fundamentados en un acto de derecho. Pero en las condiciones en que está el país los retenes se vuelven necesarios, refrendó.
REGULAR SU OPERACIÓN: YUNES
El senador panista Fernando Yunes Márquez, propuso regular la operación de puntos de revisión vehicular, llamados “retenes”, y homologar su reglamentación en los tres niveles de Gobierno, bajo los principios de eficacia, eficiencia, seguridad y certidumbre, en beneficio de la ciudadanía.
En su iniciativa de modificación a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el presidente de la Comisión de Justicia, afirmó que diversas instituciones federales han hecho esfuerzos por documentar, sistematizar y estandarizar sus procedimientos en materia de seguridad pública y específicamente para puntos de revisión vehicular.
Sin embargo, consideró que “es fundamental la homologación de los puntos de control y revisión vehicular en todos los órdenes de gobierno, que permita a las policías municipales, de la Ciudad de México, estatales y fiscalías de todo el país, actuar bajo los requerimientos mínimos de eficacia, eficiencia, seguridad y certidumbre en la instalación e implementación de esos puntos”.
Por ello, consideró necesario reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de establecer un protocolo homologado para los cuerpos de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, en torno a formas de actuación, operación y equipamiento para los puntos de control y revisión vehicular.
Yunes Márquez dijo que la instalación de puestos de control y revisión vehicular, conocidos como “retenes”, constituye una de las principales acciones para garantizar la seguridad de quienes transitan por las carreteras del país, a la vez que son un instrumento de las fuerzas federales de seguridad para acotar la presencia de las organizaciones criminales y dificultar su operación.
El legislador reconoció que los “retenes” generan descontento de la ciudadanía, pues se trata de una medida que carece de reglas claras para su implementación y operación, y en donde se han presentado “un sinnúmero de abusos cometidos por los elementos de seguridad pública hacia la ciudadanía”.
Por ejemplo, se han presentado casos como falta de identificación por parte de las autoridades o documentación oficial que justifique la instalación de punto de revisión y control vehicular.
Actualmente, continuó, los puntos de revisión carreteros operan bajo un alto índice de discrecionalidad, lo cual los vuelve ineficaces.
Además, dijo, existe un alto índice de percepción de violaciones a los derechos humanos, desconfianza ciudadana, pérdida de tiempo y, en general, constituyen un proceso que resulta molesto, invasivo y causa incomodidades para las personas que tienen la necesidad de transitar en el tramo donde se localizan los puntos de revisión.
Mientras Roberto Gil Zuarth, en su iniciativa de Ley de Seguridad Interior, en su Artículo 22, señala que en los casos en los que se contemple la participación de la Fuerza Especial de Apoyo Federal o de algún otro cuerpo o Servicio de la Fuerza Armada Permanente, la declaratoria de afectación a la seguridad interior se ajustará a los siguientes lineamientos, así como a las disposiciones previstas en el Reglamento de esta Ley:
Las previsiones necesarias para la instalación e identificación de puestos de revisión en la vía pública para la inspección de personas y bienes, con el fin de prevenir la comisión de delitos y de hacer frente a la afectación a la seguridad interior; y la identificación de los protocolos y directivas a los cuales deberán ajustarse las inspecciones de personas y bienes en los puestos de revisión en la vía pública, incluidos los relativos al uso legítimo de la fuerza para hacer frente a la situación por parte de las Fuerza Especial de Apoyo Federal o de la Fuerza Armada Permanente, los cuales observarán los principios de legalidad, racionalidad, proporcionalidad, oportunidad y respeto a los derechos humanos conforme a lo siguiente:
En los puestos de revisión en la vía pública deberá operar personal de la Fuerza Especial de Apoyo Federal y, en su caso, de otro cuerpo o Servicio de la Fuerza Armada Permanente, así como de las instituciones de Seguridad Pública Federal y locales competentes, con la presencia de agentes del Ministerio Público Federal y local que corresponda; y de representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas que correspondan. En los protocolos y directivas del uso legítimo de la fuerza deberán preverse en forma gradual la disuasión, la persuasión, la fuerza no letal y la fuerza letal como distintos niveles de coacción, privilegiando en todo momento el empleo de los dos primeros niveles; y la Fuerza Especial de Apoyo Federal y la Fuerza Armada Permanente podrá hacer uso legítimo de la fuerza para cumplir con un deber en los términos de la declaratoria de afectación a la seguridad interior; contrarrestar la resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave; impedir la comisión inminente o real de delitos, proteger de una agresión bienes jurídicos tutelados; actuar en legítima defensa; y controlar a una persona que se resista a la detención en caso de flagrancia.
VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS: CNDH
Por separado, la CNDH explica que la ubicación de retenes o puntos de revisión carreteros y operativos especiales no respaldados por un marco jurídico bien definido, es motivo de preocupación para la CNDH, por las frecuentes violaciones de garantías que allí se cometen.
Los retenes, indica el organismo, -de acuerdo con la apreciación social y lo observado por los visitadores- no parecen ser un obstáculo importante para quienes llevan a cabo las actividades del crimen organizado; muy a menudo se convierten, en cambio, en focos de abuso y exacción contra personas cuya única falta es querer circular con libertad.
“No está de más reiterarlo: cualquier actividad que en esta materia lleve a cabo la autoridad también debe enmarcarse en la legalidad y en el respeto irrestricto a las garantías individuales consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los instrumentos internacionales que hemos signado y en las demás leyes que nos rigen”, detalla la CNDH.
De acuerdo a la Constitución, el Artículo 11 precisa: toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.
Y el Artículo 16, detalla: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.
ELSOLDEMÉXICO