* El Punto de Acuerdo fue presentado por el legislador Iván Osael Quiroz Martínez
* Con esta acción se da cumplimiento al Artículo 41 de la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado
Por comunicado.
*San Raymundo Jalpan, Oax., a 06 de septiembre de 2025.-* El Congreso del Estado aprobó con 31 votos un exhorto dirigido a los 570 Ayuntamientos de la entidad para que destinen el 3% de su Presupuesto de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026 para la atención de desastres naturales, mantenimiento y reconstrucción de caminos y carreteras, así como al apoyo de personas productoras del campo afectadas por la pérdida de sus cosechas.
Ello, en estrecha coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal (APE).
La proposición fue suscrita por el legislador Iván Osael Quiroz Martínez, quien planteó la urgencia de que las autoridades municipales den cumplimiento al artículo 41 de la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Desastres para el Estado de Oaxaca, en la cual se establece la obligación de los Ayuntamientos de asignar dicho porcentaje de su presupuesto para acciones de prevención, atención de emergencias y recuperación posdesastre.
Al respecto precisó que este mandato tiene sustento normativo claro, una profunda justificación social y humanitaria.
Además, la entidad presenta una alta exposición a fenómenos geológicos e hidrometeorológicos como tormentas, huracanes, deslaves y sismos que suelen ocasionar daños a la infraestructura y a la economía local. Y en consecuencia, corresponde al Estado y municipios garantizar la salvaguarda de la vida y la integridad del patrimonio de las personas.
Por otra parte, la pérdida de cultivos agrícolas derivado de lluvias excesivas, vientos fuertes o sequías prolongadas representa otro factor de riesgo para el bienestar de miles de familias campesinas en el estado y cuando esto ocurre sin que existan los mecanismos de apoyo institucional oportunos se genera un efecto multiplicador de pobreza, migración forzada y deterioro social.
Por ello, destacó el promovente, que la correcta aplicación del mandato contenido en el artículo 41 de la Ley antes citada implica no sólo una obligación legal, sino un acto de responsabilidad política y ética de los Municipios.
En este sentido, el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación también establece que se debe priorizar la rehabilitación y el mantenimiento de caminos y carreteras, así como el apoyo de personas productoras afectadas.