Héctor F. Villanueva/Alfredo Juárez
Al asegurar que la extorsión en su modalidad de cobro por derecho de piso, no está tipificado como delito, el diputado local por el distrito X con cabecera en San Pedro y San Pablo Ayutla, Raynel Ramírez Mijangos presentó la iniciativa con proyecto de decreto para tipificarla como delito grave con una pena de 10 a 16 años de prisión.
En su exposición el legislador local por Morena, precisó que en medios nacionales y locales se retrata este fenómeno delictivo con altos índices de comisión en aquellos estados en donde se ha infiltrado el crimen organizado. Y en cifras reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Federal, en Oaxaca se denuncia una extorción en promedio cada cuatro días, registrándose del mes de enero hasta julio 46 casos denunciados.
Explicó que han sido principalmente comerciantes los que han alertado sobre un preocupante incremento en los casos de cobro de piso, por personas que se hacen pasar por miembros de algún cartel del crimen organizado, generando temor entre patrones y trabajadores, y en muchas ocasiones han generado el cierre de establecimientos.
Ramírez Mijangos sentenció que los afectados requieren una respuesta institucional firme para frenar el avance de este tipo de conductas delictivas y garantizar un entorno seguro para el trabajo, la inversión y el desarrollo económico local.
Por tal motivo propuso que al que cometa una extorsión por cobro de derecho de piso, presentándose directamente en el lugar de trabajo, en el hogar o en los lugares que frecuenta la víctima, exigiendo mediante amenazas cantidades periódicas de dinero a cambio de una supuesta protección a su persona, familia, trabajadores o su empresa se le impondrán de diez a dieciséis años de prisión y una multa de mil a dos mil veces el valor de la Unidad de Medida vigente.
Raynel Ramírez Mijangos, agregó que este delito se ha vuelto más frecuente, no solo en los municipios grandes del estado, sino también en comunidades alejadas, por lo que es necesario dotar a la fiscalía a las autoridades encargadas de impartir justicia de los elementos que les permitan combatir este delito.