
· La propuesta busca garantizar el respeto a los derechos humanos y la identidad cultural, así como fortalecer la cohesión social y prevenir la exclusión
Por comunicado.
San Raymundo Jalpan, Centro, Oaxaca, a 15 de enero de 2026.- Con el objetivo de consolidar una gobernanza migratoria incluyente y respetuosa de los derechos fundamentales, se presentó ante el Congreso del Estado una reforma para reconocer la identidad, idiosincrasia, costumbres y tradiciones de las personas migrantes, así como para garantizar su acceso a los servicios públicos.
La propuesta legislativa fue presentada por las diputadas Eva Diego Cruz, Elvia Gabriela Pérez López y Melina Hernández Sosa, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a fin de favorecer el marco jurídico estatal para responder de manera integral a la realidad migratoria de la entidad, reconociendo los derechos culturales y sociales de las personas en movilidad, y promoviendo principios de igualdad, inclusión y no discriminación en la actuación de las instituciones públicas.
Asimismo, busca eliminar obstáculos que limiten el acceso efectivo a servicios esenciales como salud, educación y justicia, contribuyendo a una convivencia comunitaria armónica.
En la exposición de motivos, las legisladoras subrayaron que la entidad ocupa una posición estratégica dentro del fenómeno migratorio nacional, al ser simultáneamente un estado de tránsito, destino y retorno de personas migrantes. Esta condición genera dinámicas sociales complejas que impactan tanto a las comunidades receptoras como a los servicios públicos, especialmente en regiones como el Istmo de Tehuantepec, la Costa y la Sierra Sur.
Destacaron también que la migración constituye una realidad estructural y permanente, vinculada a factores económicos, culturales y sociales, por lo que requiere respuestas institucionales basadas en la dignidad humana que protejan los derechos de las personas migrantes.
Finalmente, señalaron que fortalecer el reconocimiento de la identidad cultural y el acceso a servicios públicos de las personas migrantes contribuye a prevenir la discriminación, fortalecer la convivencia comunitaria y consolidar una sociedad más justa.
Dicha reforma se alinea con los compromisos internacionales asumidos por México, entre ellos, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, así como con los estándares establecidos por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de derechos humanos.
La Iniciativa con Proyecto de Decreto, con la cual se propone adicionar la fracción XXIV al artículo 8 de la Ley para el Reconocimiento y Atención de los Derechos de los Migrantes y sus Familias para el Estado, fue turnada al órgano legislativo de Migración y Asuntos Internacionales para su estudio y dictamen.
