Héctor F. Villanueva/Alfredo Juárez
Con la finalidad de que los municipios tengan capacidad financiera para afrontar pagos que por condena o sentencia, ya sea por requerimiento índole jurisdiccional, laboral, fiscal o mercantil, sin que se vean afectadas las arcas municipales o se tenga que recurrir a endeudamientos, el diputado local y coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, en la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, Dante Montaño Montero, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto, para que los municipios cuenten una partida presupuestal para atender contingencias jurídicas.
En sesión ordinaria correspondiente al segundo periodo ordinario de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados de Oaxaca, Montaño Montero, apuntó que con esta iniciativa, se evitaría que el munícipe o pleno del ayuntamiento como parte demandada se vean en la imposibilidad para acatar sentencias condenatorias y se excuse de no contar con recursos etiquetados, ya que no tiene la facultad para distraerlos de su hacienda municipal, por lo que tendrían que recurrir a ampliaciones presupuestales que prácticamente son desechables.
Indicó que esas situaciones solo retrasan lo inevitable, que es saldar el pago requerido por la ejecutoria, actualizando el monto adeudado de acuerdo a la morosidad del pago posterior a la sentencia.
Precisó que en el estado de Oaxaca se cuenta con 10 leyes de carácter general en materia municipal, pero en ninguna de ellas se cuenta con un rubro específico para respecto a quehacer ante gastos o contingencias derivadas de los litigios, juicios de carácter civil, laboral, mercantil o fiscal, donde la autoridad municipal actuando en peno como Ayuntamiento es condenada al pago de laudos, pagos o determinaciones.
Dante Montaño, añadió que ante la laguna legislativa en la materia, resulta propicio realizar una reforma a las disposiciones para atender la impronta de pago, en la que la la gran mayoría de los municipios se encuentran, por lo que se requiere de una ley que permita a los ayuntamientos contar con un presupuesto propio para atender las contingencias jurídicas.