Héctor F. Villanueva/Alfredo Juárez
Elpidio Concha Arellano, es el conocido político que este viernes fue señalado de negarse a reconocer a una hija de 16 años de edad, además de no pagar la pensión alimentaria argumentando no contar con recursos económicos, cuando se le ha señalado de ser prominente empresario, al contar con gasolineras, ranchos y mezcaleras.
En conferencia de prensa, Ana Laura Herrera, presidenta del colectivo “Violencia por ser Mujer”, indicó que Concha Arellano en funcionario en administraciones gubernamentales anteriores, así como prominente empresario, durante 16 años ha evadido sus responsabilidades como padre, negándose inicialmente a reconocer a su hija y, posteriormente incumpliendo de manera sistemática sus obligaciones legales y morales.
La lideresa de este colectivo, indicó que por el momento no se puede dar a conocer el nombre de la madre de la menor, que ha sido víctima de múltiples amenazas como consecuencia de las acciones legales emprendidas para que el ex funcionario cumpla con sus obligaciones.
Recordó Ana Laura Herrera, que las mujeres, niñas y adolescentes; tienen derecho a una vida digna y no es una concesión, sino n derecho humano fundamental, abundando que en México la ley reconoce que toda niña y niño tiene derecho a recibir alimentación, educación, salud, cuidados y protección integral, además de establecer con claridad la obligación de madres y padres a garantizar estas condiciones.
Apuntó que el pasado 22 de septiembre de 2025, Concha Arellano evitó presentarse a la prueba de ADN, bajo el argumento de estar enfermo, situación que fue desmentida un día después, cuando se le vio socializando en conocido bar de la colonia Reforma, lo que muestra su negativa a cumplir con la ley.
Recordó la también abogada que se han registrado múltiples irregularidades en el proceso judicial, ya que el expediente permaneció extraviado durante cuatro años, en el Juzgado Segundo de los Familiar, retardando con esto el acceso a la justicia para la menor y su madre.
Ana Laura también alertó sobre múltiples actos de intimidación en contra de la madre de la menor, así como el uso de diversos recursos para revertir a situación, alegando una supuesta vulneración a sus derechos, lo que resulta contradictorio frente a su historial de incumplimiento.
La dirigente del colectivo “Violencia por ser Mujer”, se dijo preocupada de que este no sea un caso aislado, sino un patrón que podría involucrar a otras hijas e hijos no reconocidos, por lo que hizo un llamado a las probables victimas a sumarse a la exigencia de justicia.
Finalmente Ana Laura Herrera, sentenció que ser deudor alimentario tiene consecuencias legales como la inscripción en registros públicos, embargo de bienes, retención de ingresos, limitación de trámites oficiales y en su caso sanciones penales. Además de que lamentó que de manera contradictoria dentro de su entono de poder se encuentre su hija Liz Concha, actualmente diputada local y que paradójicamente se asume como defensora de los derechos de las mujeres.