Héctor F. Villanueva/Alfredo Juárez
Luego de la resolución que en días pasados emitiera la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, respecto al homicidio del joven universitario Diego Paz, a manos de elementos de la Policía Municipal de Santa Lucia del Camino, el diputado local y coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), Dante Montaño Montero, exigió justicia en este caso y responsabilizó al edil Juan Carlos García Márquez de los hechos.
El sesión de la diputación permanente de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, el legislador local advirtió que en un verdadero estado de derecho no se tolera la impunidad y mucho menos la corrupción, además de que no se encubre a nadie, ya que la sociedad confía en las instituciones de procuración e impartición de justicia.
Precisó que en el caso particular de Santa Lucía del Camino, las cosas parecen ser muy distintas, ya que ahí se maquilla la realidad, se protege a quien delinque y se cometen ilícitos contra las y los ciudadanos. Advirtiendo que hoy las carpetas de investigación por abuso, extorsión y exceso de la fuerza policial de quienes se supone son los responsables de mantener el orden público siguen abiertas y sigue pendiente además el homicidio impune del joven Diego Paz.
Montaño Montero, sentenció que no obstante a lo ocurrido, muchos elementos de seguridad pública de ese municipio siguen violando flagrantemente los derechos humanos de la población que prometen resguardar.
Puntualizó que con la reciente recomendación 20/25 emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, ha quedado demostrada la negligencia con la que se operó judicialmente lo ocurrido la madrigada del 31 de Agosto de 2024, ya que el organismo autónomo de Defensa de los Derechos Humanos determinó aunque de forma tardía, la ejecución extrajudicial y tortura que le costó la vida al joven universitario Diego Paz.
Refirió que en esa recomendación también queda exhibida la complicidad de las autoridades de procuración de justicia, la de quienes eran diputados en la legislatura anterior y la del edil Juan Carlos García Márquez.
Explicó que en un verdadero estado de derecho, las autoridades son responsables por la cadena jerárquica de mando, los funcionarios públicos no mienten por conservar el cargo y en un verdadero estado de derecho la justicia es ciega y no se protege a nadie, ni se maquilla la verdad a costa de conservar el cargo.
Sin embargo, Dante Montaño señaló que en Santa Lucía del Camino las cosas son distintas, ya que el presidente municipal mintió y encubrió a los participantes directos, policías bajo su mando, pero además re-victimizó y falseo declaraciones al asegurar que su policía actuó repeliendo una agresión de personas agresivas y alcoholizadas, cuando el joven Diego Paz fue muerto por disparos de arma de fuego por la espalda, mientras que el dictamen pericial confirmó que estaba limpio sin haber ingerido, consumido bebidas alcohólicas, ni cualquier sustancia.
También dejó en claro que las víctimas no atropellaron, ni agredieron a nadie como se quiso hacer creer a las y los ciudadanos. Y la recomendación es brutamente concreta, ya que al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, se le culpa de Tortura y Ejecución Extrajudicial, además se le culpa de ser omiso en la proporción de un listado de personas servidoras públicas que intervinieron en los hechos; además de que no remitió de todos los superiores y cadena de mando responsables de la planeación y ejecución del operativo de los días 30 y 31 de agosto de 2024, que participaron en la persecución y uso de la fuerza.
Finalmente dio a conocer que el gobierno municipal de Santa Lucía del Camino, no ha iniciado una acción de responsabilidad administrativa contra agentes de seguridad pública involucrados. Pero también el ayuntamiento debe una reparación integral del daño para las victimas sobrevivientes y las victimas indirectas, así como una disculpa pública, por lo que de nueva cuenta exigió justicia para Diego Paz.