Por comunicado.
San Raymundo Jalpan, Oax. a 07 de diciembre de 2002.- Con el objetivo de visibilizar la Violencia Vicaria como un tipo de violencia de género, la diputada local Lizett Arroyo Rodríguez presentó el proyecto de decreto que pretender obligar a la actuación de las autoridades con la debida diligencia para que adopten medidas razonables con miras a proteger el derecho de las mujeres a vivir libres de violencias, así como de sus hijas e hijos de posibles riesgos en una situación de violencia familiar.
Detalló que propuso que se reformen y adicionen diversos artículos a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, el Código Familiar para el Estado de Oaxaca, el Código de Procedimientos Civiles, la Ley Estatal de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.
“Resulta importante regresar la confianza en el sistema de justicia creado no solo para investigar y sancionar delitos, sino para prevenir violaciones a los derechos humanos de las mujeres, sus hijas e hijos, no solo busco visibilizar la violencia vicaria como un tipo de violencia de género, sino lograr en esquema de protección para no tolerar estas violencias, que pueden culminar con violencia vicaria extrema que haga imposible la reparación del daño causado”, refirió.
En ese sentido, subrayó que en el proyecto se considera reforzar el esquema de órdenes de protección y que el sistema formalista del derecho familiar, para responda a las necesidades reales de las mujeres, sus hijas e hijos, que viven violencias, y que muchas veces son fuera del horario de oficina en que están disponibles los juzgados familiares, y que sus necesidades y urgente protección sea atendida de manera diligente e inmediata.
En ese sentido, Liz Arroyo consideró que es importante que en Oaxaca se cuente con una legislación de este tipo, porque la Violencia Vicaria está presente en los 570 municipios, pero se acentúa en las comunidades indígenas en donde muchas veces las mujeres desconocen su derechos”, concluyó.