Héctor F. Villanueva/Foto: Alfredo Juárez
Habitantes de San Pedro Ocopetatillo, solicitaron la intervención del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, luego de señalar que tanto el senador de la República, Salomón Jara Cruz con la anuencia de la Secretaría General de Gobierno, pretende imponer autoridades en ese municipio, luego de lograr la anulación de la elección realizada el pasado 17 de noviembre de 2019.
En dicha elección resultó electo Lucio Carrera Gamboa, como presidente municipal de esa comunidad, por lo que Emiliano Cateano Figueroa y Gustavo Avendaño Cabanzo, presidente y secretario de la mesa de los debates dos días después remitieron la documentación relativa a la Asamblea General Comunitaria, al Instituto Estatal y de Participación Ciudadana.
Sin embargo el 22 de noviembre se presentó una segunda acta por parte de Carlos Mejía Carrera, Felipe de Jesús Rosas Márquez, Nabor Granja Álvarez y Reynaldo Guerrero Cabanzo, quienes se ostentaron de manera ilegal como integrantes de otra mesa de debates, en la que fírmalo la lista menores de edad, personas fallecidas y ciudadanos que no son de la población.
Ante esta situación, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el pasado 31 de diciembre determinó invalidar la elección, siendo ratificada esa decisión tanto por el Tribunal Estatal Electoral como por la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo la decisión por parte de las instancias electorales obedece a la presión ejercida por el senador Salomón Jara Cruz, quien había garantizado a sus seguidores que anularía la elección, en tanto que Jorge Urbano Guzmán López, nombrado por la SEGEGO como administrador Jorge Urbano Guzmán López quien ha abandonado las labores administrativas provocando la inconformidad por parte trabajadores y habitantes del municipio que no cuentan con los servicios básicos.
Por tal motivo solicitaron la intervención del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, para que se realicen elecciones democráticas en ese municipio y no se viole el derecho de las comunidades indígenas a elegir a sus autoridades.