- Se confirmaría una segunda ruta de desaparición de los normalistas iniciada en el Puente del Chipote
- Peña Nieto aclaró que no hay prórroga para grupo de expertos
- Padres de los 43 insistieron en presencia del GIEI y acusaron de espionaje
Ciudad de México.- Tras ratificar que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes saldrán del territorio nacional el 30 de abril, previa entrega de su reporte final, porque “los acuerdos se cumplen”, el Gobierno de Enrique Peña Nieto se comprometió con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa a que la investigación seguirá “esté o no esté el GIEI”.
El propio Ejecutivo, durante su visita oficial a Dinamarca, recordó que si se pidió ayuda a estos investigadores fue para “generar un espacio de observancia internacional, pero sobre todo de coadyuvancia en el proceso de investigación”.
En México, el Subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián hizo ver que en lo que va de la investigación del caso Ayotzinapa, el país ha realizado más de 650 tareas de búsqueda, muchas con el propio GIEI.
La severa controversia que ha generado este organismo dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se extendió a las cámaras Alta y Baja. En la primera, su presidente Roberto Gil, se pronunció porque las diferencias entre la CIDH y el gobierno de Peña Nieto se resuelva y que el GIEI informe “qué encontraron en su investigación, qué no encontraron; cuáles son los principales retos institucionales que tenemos en a investigación, cuáles son los obstáculos, hacia dónde se puede encaminar una investigación profunda para obtener la verdad material de los hechos y sobre todo, para que los culpables paguen sus consecuencias”.
Allá en San Lázaro, el responsable de los diputados, Jesús Zambrano, afirmó que más allá de la discusión de que si se va o se quedan los multicitados expertos, lo importante es conocer la “verdadera verdad” sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
El ombudsman nacional, Luis Raúl González, les destacó a los que discrepan sobre este punto que la verdad del Caso Iguala es una y no puede construirse o negociarse, advirtiéndoles que “solo llegaremos a la misma mediante investigaciones responsables, pertinentes e imparciales sustentadas en elementos objetivos de convicción, pues México, su sociedad, y las víctimas de estos lacerantes hechos, así nos lo demandan”. Investigación exhaustiva: Peña
El presidente Peña, señaló que la PGR será la instancia en recibir el informe que haya realizado este Grupo de Expertos que “coadyuve a la investigación exhaustiva y profunda que ha realizado la procuraduría”.
Cabe señalar que la Procuraduría General de la República profundizará en una nueva línea de investigación y en su momento se darán a conocer los resultados que correspondan a los planteamientos que realizó la CNDH en el sentido de que existe la posibilidad de que dos policías federales en contubernio con municipales del municipio de Huitzuco, Guerrero participaran en la desaparición de un grupo de normalistas que viajaban en el autobús 1531, ocurrida en el “Puente del Chipote”, en Iguala.
Ante ello, la Procuraduría reafirmó su compromiso de continuar con la investigación y persecución de los hechos de Iguala y Cocula, Guerrero, a efecto de que se sancione a todos y cada uno de los responsables de tan lamentable suceso.
En Copenhague también el Primer Ministro de Dinamarca, Lars Lokke Rasmusse, se posicionó en torno a las desapariciones forzadas que se han registrado en los últimos años, porque dijo, “es un tema que causa preocupación, pero lo hemos debatido de una manera abierta y constructiva, aún en la plataforma de la Unión Europea por lo que estamos dispuestos a cooperarán y ayudar”.
Detalló que hay un acuerdo entre el Instituto Danés de Derechos Humanos y las autoridades mexicanas para mejorar el proceso de promoción de las garantías individuales. Lokke Rasmusse vio con buenos ojos las modificaciones que se hacen dentro de las medidas para fortalecer el Estado de Derecho en México.
Peña Nieto recordó que “en los últimos diez años, México ha estado abierto al escrutinio de distintos organismos internacionales de derechos humanos y atiende buena parte de las recomendaciones que han hecho, ya que de más de dos mil que se han formulado, el 75 por ciento de esas recomendaciones han orientados cambios en la legislación, en las políticas públicas y en acciones para defender los derechos humanos”.
Minutos antes, frente al parlamento danés, cerca de un centenar de personas realizaron una protesta contra Peña Nieto por presuntas violaciones a los derechos humanos en México. Con pancartas mostraron su rechazo a esta visita en donde exigían “primero los derechos humanos y luego el comercio” o bien “justicia para México”.
Mientras tanto, en sus oficinas, la procuradora general de la República, Arely Gómez González reiteró el interés por seguir trabajando con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala y sus representantes, para lo cual propuso mantener abierto el canal de comunicación, el vocero de éstos, Felipe de la Cruz dijo que lograron tres acuerdos con la PGR, entre los que destaca que la investigación seguirá “esté o no el grupo de expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El portavoz de los padres, por su parte destacó que otro de los acuerdos es que “habrá una reunión sobre el tercer peritaje de fuego en Cocula; luego que reconocieron que violentaron los compromisos con el GIEI”.
Y el tercer acuerdo al que se comprometió la PGR es a no revictimizar a las familias de los normalistas; “antes de dar información a la luz pública, la harán saber a los padres”, dijo Felipe de la Cruz. Gobierno no pagará al GIEI
“No ha habido, en el caso del Gobierno de México, resistencia para atender ninguna de las búsquedas. Se ha hecho en cuevas, en minas, en bodegas, en presas y el compromiso es que si hay algún elemento que nos ayude a dar con los restos de los normalistas, el gobierno de México mantiene su compromiso’’, refrendó el Subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián.
A su vez, el funcionario destacó que el Gobierno federal no pagará al GIEI a partir del 1 de mayo y la relación que se tendrá será acorde con las características que marca la ley.
Incluso, reiteró Campa Cifrián, “el GIEI nos ha planteado que un grupo de contadores se quedarán para el cierre contable del trabajo, es algo que también hemos discutido con el GIEI’’; refrendó que la tarea termina el día último de este mes. El Congreso opinó
En discrepancia por la permanencia de este grupo de investigadores, a favor o en contra, senadores y diputados de las diferentes bancadas interrogaron al gobierno, opinaron sobre la situación y coincidieron en que lo esencial que es conocer cuáles son los resultados de la presencia del GIEI, luego que “estamos como empezamos hace un año en que el GIEI empezó a hacer su trabajo”, dijo Jesús Zambrano, presidente de la Cámara de Diputados.
“Se debería abrir un espacio para que se resuelva pacíficamente este diferendo; pero también asumir que el GIEI tiene una obligación convenida que es presentar un informe sobre los resultados de la investigación en la que participaron”, dijo Roberto Gil, presidente del Senado.
Sin embargo, Miguel Barbosa, coordinador de los perredistas en el Senado, consideró que el Gobierno tiene derecho a separarse del acuerdo o de no prorrogarlo, aunque sí reconoció que “es un error del Gobierno, es una consideración de que hay un ambiente social estable para tomar esta decisión y empezar a dejar que los hechos transiten, que se queden las cosas así y que esta indagatoria –estoy cierto que nunca se va a cerrar- nunca pudo esclarecer el paradero de los restos o de los cuerpos de las personas desaparecidas. Nunca pudo determinarse”.
Mientras que en San Lázaro, Jesús Zambrano, enfatizó que no hay claridad sobre lo que ocurrido con los 43 estudiantes. Por lo que señaló que con esta situación, pareciera que “nos vamos a quedar con esa mancha oscura en la historia contemporánea del país, y que va arrastrar para siempre a quienes no tuvieron la capacidad de dejar claro qué fue lo que verdaderamente pasó”.
Por su parte, Marko Cortés, afirmó que el GIEI debería continuar su trabajo en México porque “hoy tenemos más dudas que certezas” sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014.
Lamentó que no se hayan logrado los consensos necesarios para que este grupo permaneciera en el país y “simplemente termine en un gracias y sin tener conclusiones respecto a las investigaciones”.
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