Elizabeth Mendoza / Foto: Alfredo Juárez
Tras afirmar que la conformación de la Comisión de la Verdad obedece a intereses obscuros del Gobierno de Gabino Cué Monteagudo y viola sus propios artículos al estar integrada por ex funcionarios; integrantes de la Asamblea Permanente de Víctimas señalaron que a la fecha alrededor de 500 afectados no han sido indemnizados de manera integral.
En conferencia de prensa, consideraron que a un año que concluya el gobierno del «cambio», el actuar del Gobernador del Estado de Oaxaca ha sido fallido para atender los compromisos de restablecer el tejido social, investigar y procesar a los responsables de los asesinatos, desapariciones, detenciones ilegales y allanamientos en 2006.
Explicaron que aun cuando por presión social el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó en 2012 el Plan para la Reparación de Daños y en 2013 la Ley de Atención, Asistencia y Protección a los Víctimas del Estado de Oaxaca, las autoridades Estatales no han dado atención integral a los afectados.
Asimismo informaron que el Gobierno del Estado ha sido omiso para para dar cumplimiento a las disposiciones legales aprobadas, contrario a ello los familiares y víctimas han recibido un trato despótico y altanero, «las leyes siguen siendo letra muerta que han sido usadas para aparentar que en México hay justicia».
Los integrantes de la Asamblea Permanente de Víctimas, también consideraron que la conformación de la Comisión de la Verdad fue a modo por lo que hay desconfianza, incertidumbre y falta de credibilidad, toda vez que está conformada por María Eugenia Mata, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), así como Marina Jiménez, ex funcionaria electoral del estado de Chiapas.
En ese sentido subrayaron que la integración de la Comisión de la Verdad contrapone los artículos noveno y décimo del decreto para su conformación que señala que deberá estar agrupada por tres comisionados, tres representantes de víctimas, aunado a que no deberán haber sido servidores públicos, dirigentes o miembros de un partido político u organización política.
Asimismo expusieron que durante la reunión celebrada el pasado ocho de julio el representante de la Comisión de la Verdad, Alejandro Solalinde Guerra se comprometió a presentar un informe detallado de las medidas que habían tomado para la conformación de la Comisión, sin embargo se negaron a entregar una copia del informe a los víctimas.
Ante estos hechos exigieron la reintegración de la Comisión de la Verdad considerando a los familiares y víctimas, la reparación integral del daño causado derivado del movimiento social y político del 2006, implementar el Sistema Estatal de Víctimas, la indemnización del daño, ante cien psicológica y justicia.
Finalmente las víctimas y familiares, señalaron que será a través de la Asamblea Permanente de Víctimas que determinen las acciones y procesos para exigir justicia, toda vez que no existe una política integral por parte del gobierno de Gabino Cué Monteagudo que reconozca el acceso de Justicia en la entidad.