Héctor F. Villanueva/Foto: Alfredo Juárez
Comuneros de Santa María Tonameca, exigieron la intervención de autoridades agrarias, luego de que descubrieran que el presidente de bienes comunales Raúl Lucas Cruz y el presidente del Consejo de Vigilancia Darío Díaz Cortés, falsificando actas de asamblea pretenden utilizar más de mil 700 hectáreas de área protegida para la creación de una zona turística.
Integrantes de una representación de los más de 300 comuneros de Santa María Tonameca, perteneciente al distrito de San Pedro Pochutla, indicaron que el problema inicia cuando el presidente del Comisariado de Bienes Comunales propuso la creación de un Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC), cuyo proceso inicio en el mes de marzo, con la respuesta que da la Comisión Nacional de Áreas Protegidas al representante legal Agustín Reyes Sánchez haciendo la autorización del recurso para el estudio técnico.
Sin embargo se dieron diversas anomalías en dicho estudio, entre ellas la alteración de dos actas de asamblea, falsificando firmas y sellos, y la reubicación de varias comunidades de la franja costera como son, así como inversión privada por parte de Fonatur, para la construcción de un complejo hotelero con más de mil 500 cuartos.
Dentro de las supuestas áreas destinadas voluntariamente para la conservación para certificarlas se encuentran “El Torón”, “El Potrero”, “El Cerrón”, “Punta Cometa”, “El Convento” y otros particulares y que como comuneros las destinaron en el 2007, pero en otra de las actas ya no menciona áreas naturales sino cmunidades como San Isidro del Palmar, La Laguna del Palmar, Samaritan, Chacahua, Venado, Zapotal, El Torón, Ventanilla, Punta Cometa y el Manglar de Mazunte.
Denunciaron que mientras hablan de 985 hectáreas, ellos cuentan con un documento de la CONAM, que explica que son mil 700 hectáreas y que en ningún momento dio a conocer el Comisariado de Bienes Comunales.
De igual forma apuntaron que otro de los problemas tiene que ver con la explotación del Rio, cuyo materiales son sacados de forma irregular para la construcción y encarpetamiento de la carretera, cuyo permiso fue dado por el Comisariado de Bienes Comunales al cual la asamblea decidió destituirlo.
Finalmente denunciaron que a partir de que iniciaron este movimiento por la defensa de la tierra han recibido diversas amenazas, al grado de que han tenido que sacar a sus familias de algunas comunidades, por lo que ya han solicitado la intervención de las autoridades agrarias, así como del gobierno del Estado, dejando en claro que es un problema de protección tierras y no político.