Por Comunicado
San Raymundo Jalpan, Oaxaca, 25 de marzo del 2015.- La Diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez, Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), presentó ante el Pleno de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 240 al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
El cual tiene como objetivo tipificar, la prestación irregular del servicio público de pasajeros imponiéndole una multa de dos a cinco años de prisión, además de una multa que va de 100 a 300 días de salario mínimo a quien preste el servicio público de transporte de pasajeros, individual o colectivo, sin concesión, permiso o autorización.
La legisladora aseguró que en la actualidad el servicio público de transporte de pasajeros se encuentra inmerso en una grave problemática, ya que en todas las regiones del Estado existen personas que sin contar con título de concesión, permiso o autorización, se dedican a prestar dicho servicio, ocasionando una competencia desleal con los concesionados legítimos, afectando a los usuarios.
Detalló que los concesionarios tienen que cumplir con todas las exigencias jurídicas que garanticen la prestación del servicio de manera eficiente con calidad y seguridad para los particulares, ya que los permisionarios tienen la obligación de cumplir con las rutas horarios, tarifas, entre otros, establecidos para la prestación de dicho servicio público, mientras que los denominados “piratas” circulan libremente sin apego a los preceptos que regulan tal actividad.
Explicó que el pirataje origina una competencia desleal que coloca a los concesionarios en una gran desventaja, ya que estos tienen que llevar a cabo una serie de actos para la adecuada y debida prestación del servicio, cumpliendo con una serie de requisitos legales, además de conservar la unidad en buenas condiciones mecánicas y de mantenimiento.
Díaz Jiménez señaló que la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en forma irregular es un grave que afecta el principio de legalidad y representa un riesgo para los usuarios de este tipo de servicios.
Finalmente aseguró que entidades como Tamaulipas, Puebla o el Distrito Federal, han modificado su código penal con el objetivo de sancionar la prestación irregular del servicio público de pasajeros, dando muestra de un marco legal sancionatorio y así evitar que se prolifere el transporte público fuera de la ley.
La iniciativa se turnó a la Comisión Permanente de Administración de Justicia presidida por el diputado Gerardo García Henstroza del PAN e integrada por Adolfo Gracia Morales del PRI, Carlos Alberto Ramos Aragón del PRI, Jaime Bolaños Cacho Guzmán del PRD Y Anselmo Ortiz García del PRD.