- Esto con el fin de seguir construyendo una ruta conjunta para los trabajos y cumplir con la sentencia constitucional a favor del territorio oaxaqueño
Por Comunicado
Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de junio de 2023.- El Gobierno del Estado reitera su disposición al diálogo abierto, continuo y de respeto con los pueblos zoques de Santa María Chimalapa y San Miguel Chimalapa, y a mantener una relación de respeto, armonía y concordia para cumplir con la sentencia constitucional a favor del territorio oaxaqueño.
Estableció, a través de la Secretaría de Gobierno y la Consejería Jurídica y Asistencia Legal, que para dar continuidad a los trabajos del Comité de Coordinación para el cumplimiento de la sentencia de la Controversia Constitucional 121/2012 instalado en Santa María Chimalapa el 14 de abril de 2023, se propuso a las autoridades municipales y agrarias de estas comunidades definir la calendarización de las mesas de trabajo que faltan para la ejecución de este fallo.
Esto con el fin de seguir construyendo una ruta conjunta para los trabajos y cumplir con la resolución legal.
Ante la solicitud del asentamiento denominado Rafael Cal y Mayor, ubicado dentro del polígono de Santa María Chimalapa, para la prestación de servicios básicos, el Gobierno del Estado, de manera coordinada con la Secretaría de Gobernación y el Gobierno de Chiapas, buscarán el mecanismo para su atención, a efecto de no trasgredir sus derechos humanos constitucionales.
Respecto al requerimiento de este asentamiento que se declare un municipio nuevo en el territorio oaxaqueño, el Gobierno Estatal manifiesta que esta petición está fuera de la competencia del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; esta es facultad del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, establecida en el artículo 59 de la Constitución Política del Estado.
Por lo que se exhorta a las autoridades municipales y agrarias de Santa María Chimalapa y San Miguel Chimalapa a conducirse con un diálogo formal, transparente, abierto y público, tal y como se ha llevado a través de la Secretaría de Gobierno y la Consejería Jurídica, que han tenido una participación activa dando puntual seguimiento a los acuerdos que se han tomado bajo el consenso de las comunidades.