Por Comunicado
San Raymundo Jalpan, Oaxaca., 27 de junio de 2016.- La integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Dulce Alejandra García Morlan presentó un Punto de Acuerdo, por el cual exhorta al titular del Poder Judicial del Estado de Oaxaca a elaborar un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en procesos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, a fin de cumplir con lo establecido en la Constitución y las normas internacionales.
La legisladora, señaló que en México existen documentos elaborados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para auxiliar a las y los impartidores de justicia al momento de juzgar a personas indígenas, sin embargo la composición pluriétnica del estado exige la creación de un instrumento de apoyo para los encargados de aplicar, impartir y procurar justicia en las comunidades indígenas.
La también presidenta de Comisión Permanente de Asuntos Metropolitanos, indicó que en un marco de respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial, resulta necesario implementar un protocolo de actuación a fin de brindar una herramienta que auxilie a los juzgadores en la tarea de impartir justicia a las personas y comunidades indígenas, en apego a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
“La ley reconoce la composición pluricultural del Estado mexicano y establece que toda persona indígena cuenta con el pleno derecho de acceder a su jurisprudencia, de esta manera se garantiza que en los procedimientos judiciales individuales o colectivos se consideren las costumbres y cualidades culturales de cada comunidad indígena, y en apego a los preceptos constitucionales”, afirmó la legisladora.
En este sentido, García Morlán manifestó que es obligación del Estado otorgar herramientas eficaces a las y los juzgadores para salvaguardar los derechos de la ciudadanía, garantizar el Estado de Derecho y evitar criterios arbitrarios en los casos relacionados a los Sistemas Normativos Internos de las comunidades indígenas de Oaxaca.
Asimismo, refirió que el marco jurídico establece que las autoridades tienen la obligación de realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio, el cual jurídicamente obliga a las autoridades a privilegiar la protección de los derechos humanos mediante el principio pro persona, que tiene como propósito acudir a la norma más protectora para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales.
Para su estudio y dictamen el Punto de Decreto fue turnado a la Comisión de Asuntos Indígenas y a la Comisión de Administración de Justicia.