Por Comunicado
• Propicia su vinculación familiar y comunitaria para erradicar
la discriminación, motivada por su condición migratoria.
La nueva Ley a favor de la comuidad migrante de Oaxaca, incluyendo a sus familias, aprobada recientemente por el Congreso estatal, garantiza una atención integral hacia este sector y obliga a los tres niveles de gobierno a actuar de manera corresponsable, efectiva y humana.
Así lo señaló la diputada del grupo parlamentario del PRI y presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Migratorios de la LXII Legislatura estatal, Rosalía Palma López, quien se congratuló que la mayoría del Pleno de la diputación oaxaqueña haya decidido votar a favor de esta legislación, tomando en cuenta que Oaxaca es una entidad expulsara de mano de obra a nivel nacional e internacional.
En entrevsita, la legisladora oaxaqueña detalló que el objetivo de la Ley para el Reconocimiento y Atención de los Derechos de los Migrantes y sus Familias para el Estado de Oaxaca, es reconocer, promover y respetar sus derechos humanos y de sus familias, además de que garantiza que el Estado les brinde una asistencia integral que fortalezca las diversas manifestaciones de identidad cultural de la población indígena y afromexicana migrante en los lugares de destino.
De igual forma, propicia su vinculación familiar y comunitaria para erradicar la discriminación, motivada por su condición migratoria, observando los criterios y principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con ello, nuestra entidad cuenta ya con el ordenamiento jurídico que da muestra del sentido humanitario de las y los oaxaqueños”.
Detallo que esa legislación era necesaria en Oaxaca, porque de los aproximadamente 12 millones de mexicanos que se encuentran principalmente en los Estados Unidos de América, 1.2 millones son de origen oaxaqueño, lo cual reflejan la gran importancia del fenómeno migratorio en nuestra entidad.
“Si a eso le sumamos que el envío de remesas por nuestros paisanos migrantes es la segunda fuente de ingresos para nuestro estado, era inadmisible no proporcionarles los mecanismos de protección a sus derechos humanos y a su dignidad como personas”, finalizó.