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Acción autoritaria del Ejecutivo, despiden a 24 empleados de base de la Consejería Jurídica

Por Redaccion

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Por: Gildardo Mota / Foto: Alfredo Juárez.

Por reclamar condiciones dignas de trabajo y hacer uso del ejercicio de la libertad de expresión, 24 empleados de base al servicio de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo recibieron en sus domicilios particulares oficios mediante los cuales la Secretaría de Administración da por terminada su relación laboral.
En un claro y abierto acto de autoritarismo, el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Administración, mediante diversos oficios enviados el 6 de mayo a cada trabajador por la Dirección de Recursos Humanos, argumenta dicha recisión laboral de la siguiente manera:
“Como resultado del análisis del acta administrativa de fecha 17 de abril de 2015, instruida en su contra por la directora administrativa de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca, con la intervención de los testigos que declararon y documentales exhibidas se hace constar que usted incurrió en faltas de probidad u honradez y desobediencia, durante los días 23, 24, 25, 26 y 27 de marzo, 6, 7, 8,9, 10, 13 y 14 de abril todos del 2015”.
Según copias de oficios que obran en poder de este periodista, la Secretaría de Administración y la Consejería Jurídica afirman unilateralmente: “en razón de que usted formó parte de un grupo de empleados de base que pertenecen a la Dirección de General de Notarías y del Archivo, y en esas fechas estuvieron en paro de labores de brazos caídos y bloquearon los accesos de las instalaciones de la dirección a la que está adscrita, así como de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, y la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, pertenecientes al complejo denominado Benemérito de las Américas de la Ciudad Administrativa”.
En otro párrafo de los diversos oficios enviados a cada uno de los 24 empleados rescindidos, la Secretaría de Administración y la Consejería Jurídica señalan en forma ridícula que los trabajadores en protesta colocaron cinta canela en las puertas que dan acceso a los edificios, además de que portaban cartulinas en las cuales manifestaban sus demandas, situación que impidió la atención al público, lo cual indignó a los funcionarios de ambas instancias.
Contrario a lo anterior, los trabajadores de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo se manifestaron los días 13 y 14 de abril del año en curso, cerrando los edificios 3 y 4 del complejo Ciudad Administrativa, en demanda de mejores condiciones laborales, sin embargo, por órdenes del Consejero Jurídico, Víctor Hugo Alejo Torres, se levantaron actas administrativas, sin otorgar el derecho constitucional de audiencia, en contra de 24 empleados de base, de un total de 140 que participaron en las citadas manifestaciones.
El acto de represión fue fraguado a partir de la “óptica política” del Consejero Jurídico, Víctor Hugo Alejo Torres y el Secretario de Administración, Alberto Vargas Varela, pasando por el Director de Recursos Humanos, José Juan Pérez Amaya, quienes con esta acción pretenden “apaciguar” la inconformidad generalizada que impera en la base trabajadora ante la fraudulenta negociación del convenio laboral 2015 suscrito por el comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca y el Gobierno del Estado.
Asimismo, los empleados de la Consejería Jurídica que se manifestaron únicamente los días 13 y 14 de abril con la toma de los edificios en referencia, sólo ejercieron su derecho de libertad de expresión y no incurrieron en faltas de probidad, además de que no desacataron órdenes de sus mandos superiores, como se afirma en cada uno de los escritos enviados a los empleados rescindidos.
En contraste con las acciones de represión aplicadas a trabajadores de base de la Consejería Jurídica, el Poder Ejecutivo durante marzo de 2014 permitió y solapó la toma indebida por espacio de tres días del edificio “María Sabina”, ubicado en el complejo administrativo de Ciudad Judicial, por parte de un grupo de 30 empleados encabezados por la delegada del STPEIDCEO, Griselda Julián Luciano, quien incluso cometió actos de violencia física y verbal en complicidad con la titular de la Procuraduría de la Defensa del Indígena y Grupos Vulnerables, Bertha Ruth Arreola Ruiz.
Posteriormente, en abril de 2014, la delegada del STPEIDCEO en el DIF estatal, Hilda Pérez Luis, apoyada con un grupo de cien empleados de base se posesionó por dos días de la gasolinera “Fonapas”, propiedad del Ejecutivo y administrada por el Sistema del Desarrollo Integral de la Familia, y mantuvo en su poder las oficinas de la dependencia asistencial por 13 días.
La delegada sindical del DIF estatal argumentó y justificó la manifestación ante supuestos hechos de corrupción cometidos por una funcionaria del sistema, sin embargo, el trasfondo de la protesta radicó en la solicitud de privilegios laborales para un integrante de la familia Pérez Luis.
Otro caso es el de los Policías Preventivos y Agentes de Vialidad, quienes por más de un mes se posesionaron del Cuartel que se ubica en Santa María Coyotepec y en franca rebeldía al Ejecutivo pusieron en riesgo la gobernabilidad en el estado, los actos de presión propiciaron que los policías locales alcanzaran un incremento salarial del 10 por ciento y la salida de Alberto Esteva Salinas de la Secretaría de Seguridad Pública.
En las protestas realizadas por trabajadores de la PRODI y DIF estatal, así como de Policías Preventivos, el Poder Ejecutivo no aplicó sanción alguna, por el contrario premió a los últimos en referencia con un incremento salarial director del 10 por ciento, en tanto que a los trabajadores de base les concedió un 4.2 por ciento de incremento salarial directo y un conjunto de acciones represivas en contra de las voces disonantes.

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