Elizabeth Mendoza / Foto: Alfredo Juárez
Integrantes de la Sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) informaron que participarán en el proceso de evaluación educativa en la entidad, por lo que solicitaron a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) que dicte medidas cautelares para garantizar la seguridad de quienes integran dicha gremial.
Humberto Alcalá Betanzos y Miguel Silva Selvas, aseguraron que los maestros de la Sección 59 “no serán carne de cañón”, por lo que demandaron garantías de seguridad para que no sean violentados los derechos fundamentales de los 900 profesores que participarán en la evaluación.
En ese sentido Alcalá Betanzos, agregó que es necesario que la Secretaría de Educación Pública (SEP), lleve a cabo una auditoría con respecto al proceso de evaluación en Oaxaca, ante la inoperatividad del IEEPO.
“Los maestros de la 59 estamos dispuestos a participar en el tema de la calidad educativa, sin embargo a la fecha no existe una notificación específica por parte del IEEPO para aplicar el examen, no hay fechas establecidas y no brindan las garantías para que se presente el examen sin que seamos agredidos”.
Asimismo Alcalá Betanzos, aseguró que en caso de que no se brinden las garantías de seguridad para que los maestros de la Sección 59 realicen la evaluación, estarán presentando un amparo ante los juzgados federales.
En otro tema señaló que más de 500 profesores comunitarios no recibieron el pago de salarios de manera igualitaria por no ser afines al grupo de Joaquin Echeverría, motivo por el que interpondrán los recursos legales necesarios ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
“El IEEPO se ha prestado para no realizar los pagos equitativos, desconocemos los acuerdos que tienen con Joaquín Echeverría para efectuar pagos desiguales, por ello los responsabilizamos por el uso indebido de los recursos faltantes”, manifestó
Finalmente Humberto Alcalá, subrayó que son más de 50 profesores quienes se encuentran en etapa de intervención para rescatar sus plazas de maestros, directores y subdirectores de las que fueron despojados de manera ilegal por el Instituto.