PRI y PAN la respaldan; PT y PRD, no
Quitar a gobernadores zona de confort, exige Angélica de la Peña.
Urge aprobar la Ley de “vanguardia” para Ejército, pide el PRI.
A las Fuerzas Armadas debe darse certeza jurídica, demanda PAN.
En la sesión de ayer en el Senado, priístas, panistas y la oposición del PRD y PT, chocaron en posturas a favor y en contra por la Ley de Seguridad Interior y la participación de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico. Todo surgió por un punto de acuerdo para citar a los gobernadores a que acudan a opinar en la materia.
Al calor del debate, surgieron mutuas acusaciones a los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
Fue un debate de tres horas con 50 minutos y la participación de 28 oradores entre posicionamientos, alusiones personales y desde los escaños, pero al final no hubo quórum y el punto de acuerdo no fue votado.
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El punto de acuerdo que se debatió fue presentado por el senador Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del PVEM, y refiere que la Conago constituye un foro donde están representados los poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas, por lo que se estima oportuno solicitar su opinión consensada.
Y es que en el Congreso de la Unión se analizan diversas reformas a la Ley de Seguridad Nacional y Ley de Seguridad Interior.
El senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del PT, inició el debate de la propuesta y señaló que las iniciativas proponen la militarización del país, lo cual deriva de una presión de Estados Unidos.
Fernando Torres Graciano, senador del Grupo Parlamentario del PAN, subrayó que la discusión sobre la función de las Fuerzas Armadas se motiva por la fallida política de seguridad pública del actual Gobierno federal; y añadió que fue un error desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y concentrar el trabajo en la Secretaría de Gobernación.
En su turno, la senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del PT, aseguró que aprobar una ley de seguridad interior “es legitimar un Estado de excepción, es sentar las bases para un proceso de militarización, es dotar de un marco legal a lo ilegal, para justificar la actuación de soldados como policías es darle un marco legal a la dictadura”.
Por el PRD, la senadora Angélica de la Peña Gómez dijo que se debe trabajar en una ley de seguridad pública, y consultar a quienes están preocupados por el país, no solamente a los gobernadores, “a quienes hay que quitarlos de su comodidad. Tienen bronca y piden que el Ejército vaya y les resuelva el problema, en lugar de resolver el problema de fondo”.
En ese mismo sentido, Luis Humberto Fernández Fuentes enfatizó que la ley de seguridad interior no va ayudar a pacificar al país; no obstante, reconoció que es necesario contar con los elementos jurídicos para el desempeño de las Fuerzas Armadas del país en esta materia.
La senadora del PAN, Pilar Ortega Martínez, aseveró que se debe dar certeza jurídica a las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad, e indicó que es urgente un rediseño institucional de la función de las policías del país.
La inseguridad es una de las principales causas de desconfianza entre los inversionistas, reconoció el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.
El senador Héctor David Flores Ávalos avaló la propuesta; sin embargo, la propuesta del PAN busca fortalecer a las instituciones policiales locales y estatales para dar certeza a las instituciones civiles y a las actividades de las Fuerzas Armadas; contrario a la propuesta del PRI en la Cámara de Diputados, que plantea “un Estado de excepción que no es una salida seria”.
Dolores Padierna Luna apuntó que el PRD no respalda la propuesta, pues se da en un falso debate, donde se afirma ha disminuido la violencia, cuando “el uso del Ejército en materia de seguridad pública es una de las causas de aumento de la criminalidad”, e indicó que estudios del CIDE revelan que operaciones realizadas por las Fuerzas Armadas se equiparan a las llevadas a cabo en un conflicto armado.
Por el Grupo Parlamentario del PAN, el senador Roberto Gil Zuarth expresó que desde los años noventa el combate a la delincuencia organizada es responsabilidad federal “y por esa razón las Fuerzas Armadas han estado en este esfuerzo”.
El senador independiente Armando Ríos Piter mencionó que en Guerrero no hay policías, y lo que nos queda como país es el Ejército, que le da a los guerrerenses la mínima sensación de que su fragilidad tiene, por lo menos, a alguien del Estado ahí presente, pero esto no significa que no haya violación a los derechos humanos.
Enrique Burgos García, senador del Grupo Parlamentario del PRI, dijo que a la par de garantizar la seguridad individual también es un compromiso asegurar los derechos humanos, “eso está fuera de discusión”.
A su vez, el senador Miguel Ángel Chico Herrera, también del PRI, urgió a las fuerzas políticas del Congreso a no posponer más la discusión y aprobar una legislación en materia de seguridad interior de “vanguardia” que dé certeza al Ejército en su actuación.
EL SOL DE MÉXICO