Envía al Senado iniciativa en la materia, la mayor reforma desde la promulgación de la Constitución
- El país necesita sindicatos comprometidos y fuertes, así como formalización del trabajo: Navarrete
- Organizaciones piden mejores condiciones salariales y que se garanticen las prestaciones
Ciudad de México.- Tuvieron que pasar 36 años para que el salario minino tuviera una recuperación del seis por ciento, según los datos oficiales. En el marco de la Conmemoración del Día del Trabajo, el Gobierno federal anunció que en la próxima reunión del Comité Nacional de Productividad se habrá de analizar una subida al ingreso de los trabajadores y se recupere de una vez por todas el poder adquisitivo.
Frente a los representantes de los patrones y los trabajadores, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que la crecida de ese seis por ciento es modesta y pequeña, pero representa una mejoría, misma que “no se había observado ni tenido, una recuperación real del poder adquisitivo de los trabajadores”.
“Reafirmó el compromiso que tiene el Gobierno de la República para que en un diálogo constante con trabajadores y empleadores, podamos arribar a las mejores condiciones, y sobre todo a elevar y recuperar en mayor medida el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Es un compromiso permanente, constante y acreditado que tiene el Gobierno de la República”.
En un día emblemático, donde se recuerdan las hazañas de Río Blanco en México o las de Chicago en Estados Unidos y en donde el lema versa “trabajadores del mundo uníos”, el Jefe del Ejecutivo mexicano dejó en claro que se habrá de modernizar todo el sistema judicial laboral.
Que será una reforma más trascendental para la protección y defensa de los derechos laborales desde la creación del Artículo 123 de la Constitución. Que lo anunciado el 28 de abril forma parte de un paquete de reformas a la Justicia Cotidiana. El objetivo es que se transforme de fondo la justicia laboral.
“Se trata de un cambio de paradigma que nos permitirá empatar nuestro sistema de justicia con los nuevos tiempos”, dijo el mandatario mexicano a los sindicalistas y a los empresarios. Detalló que se busca que la Justicia Laboral sea impartida por órganos del Poder Judicial de la Federación o de los Poderes Judiciales de los Estados.
Peña Nieto enfatizó que para que se tenga una conciliación ágil y eficaz, se ha propuesto la creación de centros de conciliación Especializados y sobre todo que sean imparciales. Al tiempo de remarcar que se ha propuesto que sea una instancia federal de conciliación que conozca del registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales.
Acompañado por el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida; Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Carlos Aceves del Olmo, secretario General de la CTM; abundó, en que se revisarán en la ley respectiva los procedimientos para la firma, depósito y registro de contratos colectivos, asegurando el pleno respeto a la autonomía sindical y el derecho de asociación.
En el Salón “Adolfo López Mateos”, el Primer Mandatario reconoció que gracias a los patrones, el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) creció en un millón 850 mil 970 empleos. Y citó que el INEGI dio cuenta de que en marzo, la tasa de desocupación a nivel nacional se ubicó en 3.7 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), siendo la tasa más baja en los últimos ocho años.
Manifestó que de noviembre de 2012 a marzo de 2016, la tasa de informalidad se redujo 3.2 puntos porcentuales, alcanzando su nivel más bajo en la última década. Aún más, de diciembre de 2012 a diciembre de 2015, se lograron revertir los números rojos en la productividad, ya que se ha tenido un modesto 1.4 por ciento. Ante esto, Peña Nieto aclaró que si bien es modesta la cifra, “revierte la tendencia decreciente de años y décadas pasadas”.
Frente a los dirigentes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida; así como los secretarios generales de los Sindicatos de Salud, Marco Antonio García Ayala; de Trabajadores del ISSSTE, Luis Miguel Victoria Ranfla; de Trabajadores del Seguro Social, Manuel Vallejo Barragán; en otras acciones, el Presidente refirió que se tiene un crecimiento de 2.9 por ciento y que en 31 meses no se ha tenido registro de ninguna huelga de carácter federal, lo que se ha ganado el reconocimiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Ante este panorama, el mandatario agradeció a los integrantes del “tripartismo” el diálogo constructivo, el entendimiento y los acuerdos para tener esas cifras que dan un impulso mayor a México por encima de otras regiones que presentan inestabilidad. Que esos números también reflejan que en el país hay estabilidad y un clima de paz laboral en favor del progreso y desarrollo del país.
Peña Nieto enfatizó que en México hay visión compartida para seguir avanzando en favor del progreso del país, ya que dentro del escenario volátil y complejo, México mantiene avances y eso es gracias al esfuerzo compartido de todos.
Envía Peña Nieto iniciativa de reforma para modernizar la justicia laboral
Para avanzar hacia una justicia laboral del siglo XXI, el Ejecutivo federal envió al Senado de la República una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución en materia de justicia laboral que busca actualizar las leyes y hacerlas acordes a la realidad laboral nacional e internacional. Esta modernización alcanza a las Juntas de Conciliación y Arbitraje federal y estatales y acabar con los incentivos perversos que subsisten en el marco legal vigente.
Se trata, sin lugar a dudas, de la reforma más importante en materia laboral desde la promulgación de la Carta Magna de 1917, ya que propone una reforma de fondo al Derecho Procesal del Trabajo a partir de tres premisas fundamentales:
1.- Que la justicia laboral sea impartida en lo sucesivo por órganos del Poder Judicial Federal o de los poderes Judiciales locales.
2.- Replantear la función conciliatoria de manera que constituya una instancia perjudicial a la cual los trabajadores y patrones deberán acudir. Con esto se privilegia que los nuevos órganos de impartición de justicia laboral concentren su atención en las tareas jurisdiccionales.
La función conciliatoria estará a cargo de Centros de Conciliación especializados e imparciales, dotados con personalidad jurídica y patrimonios propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y gestión. Serán organismos descentralizados.
3.- Propone revisar el sistema de distribución de competencias entre las autoridades federales y locales. Y con el propósito de fortalecer el ejercicio de las libertades de negociación colectiva y de sindicación, se considera necesario crear un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, que tendrá la facultad, entre otras, de atender el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales así como todos los procesos administrativos inherentes. Además, tendrá a su cargo, la función conciliatoria en el orden federal.
Dada la importancia de este organismo, se propone en la iniciativa que la designación de su titular se realice con la participación del Ejecutivo federal y el Senado de la República.
Propone que el Ejecutivo federal someta una terna a consideración de la Cámara de Senadores, previa comparecencia de los interesados se hará la designación correspondiente. Se requerirá del voto de las dos terceras partes de los integrantes del Senado presentes o durante los recesos, de la Comisión Permanente.
Esta iniciativa forma parte del paquete de reformas de Justicia Cotidiana que envió al Senado de la República, el Ejecutivo federal, el pasado viernes.
Los cambios buscan transformar instituciones y construir nuevas políticas públicas integrales con base en los principios de legalidad, imparcialidad, equidad, transparencia, eficacia, certeza e independencia. En suma, asegurar la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores en escenarios de crisis.
Se acabarán vicios y prácticas
Con estas modificaciones se pretende acabar con todo espacio susceptible de prohijar inercias, vicios y prácticas que durante el desarrollo de un conflicto laboral dan lugar a la incertidumbre jurídica. Lo que se busca es avanzar hacia una justicia laboral del Siglo XXI y se requiere de una profunda transformación del Sistema de Justicia Laboral. Ello alcanza a las propias Juntas de Conciliación y Arbitraje en los ámbitos federal y estatal.
Precisa la iniciativa presidencial que se debe eliminar todo elemento que convierta a la justicia laboral en lenta, costosa, de difícil acceso y cuestionable así como combatir la parcialidad, simulación, discrecionalidad y opacidad.
“Para la consecución plena de estos objetivos, deben romperse paradigmas que constituyan obstáculos o desviaciones.”
Destaca la iniciativa presidencial que una justicia laboral efectiva, pronta y expedita, dará certeza jurídica a trabajadores y empleadores. Ello permitirá elevar tanto la productividad y la competitividad económica así como la calidad de vida de las familias mexicanas.
Sustenta que la justicia laboral presenta problemas en su funcionamiento porque sus instituciones y procesos fueron creados en una condición histórica que contrasta abismalmente con lo que actualmente se vive.
Señala que el incremento de la rotación laboral frente a la mayor volatilidad de los empleos y la flexibilización de formas de contratación y despido, provocaron a partir de la década los 80, el aumento significativo de los conflictos individuales.
En dos décadas, de 1995 a 2015, se incorporaron a la población económicamente activa del país, más de 18 millones de mexicanos, periodo en el que los conflictos individuales aumentaron 132 por ciento al pasar de 125 mil 510 en diciembre de 1994 a 291 mil 548 en diciembre del 2015.
Y todo ello, después de los cambios en los mercados de trabajo que han sido resultados de la globalización y la reestructuración productiva así como del derivado de la transformación en la maduración democrática.
México, en los últimos años realizó importantes esfuerzos por modernizar las instituciones de impartición de justicia, que resultaron en mejoras en materia de conciliación y en un ambiente de diálogo y equilibrio entre los factores de la producción, no obstante, “lo cierto es que se mantienen prácticamente intactas sus estructuras y procesos desde su fundación a fines de la década de 1920”.
En consecuencia, el ritmo de modernización de las instancias impartidoras de justicia laboral quedó desfasado frente a las necesidades y expectativas de la sociedad. Por tanto, el siguiente paso es avanzar hacia una justicia laboral del Siglo XXI.
Valorar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje
En la exposición de motivos, el Ejecutivo federal señala que de acuerdo con los resultados de una consulta que elaboró el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) en preparación de los Diálogos por la Justicia Cotidiana, las modificaciones normativas en la materia no han generado una percepción de cambio significativo.
Desde el punto de vista de la estructura de los órganos de impartición de justicia, la consulta reveló la necesidad de valorar la situación actual de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Se debe incluir la revisión de este tipo de impartidores de justicia y analizar la autonomía y sus formas de integración tripartita.
La intención primordial de las propuestas se encamina a transformar a profundidad, tanto los incentivos perversos que subsisten en el marco legal vigente como los procedimientos y actuaciones de las instituciones del Estado encargadas de impartir justicia laboral, factores que hoy constituyen una limitante para que ésta llegue con la celeridad, economía y seguridad que demandan los ciudadanos.
Las reformas que se proponen en esta iniciativa buscan consolidar la autonomía y eficacia en la impartición de justicia. Se trata de atender un reclamo social de primer orden, frente a la innegable necesidad de modernización del sistema hasta ahora vigente.
EL SOL DE MÉXICO