México contiene la respiración. La amenaza de un boicot electoral lanzada por facciones sindicales violentas y contrarias a la reforma educativa ha puesto al país ante un pulso que, de consumarse este domingo, tendría consecuencias imprevisibles. Frente a este desafío, el Gobierno ha ordenado un despliegue masivo del Ejército, la Marina y la Policía Federal. El operativo, aunque cubre todo el territorio nacional, concentra sus fuerzas en Oaxaca, uno de los estado más pobres y atrasados (su PIB per cápita es siete veces menor que el español). Allí es donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), una escisión del sindicato mayoritario de profesores, posee mayor fuerza y ha impuesto su ley.
En una escalada violenta, esta central ha demostrado a lo largo de dos abruptas semanas su capacidad de retar en la calle al propio Estado. Ha cortado carreteras, bloqueado aeropuertos, tomado centrales de abastecimiento de gasolina, destruido oficinas electorales, quemado papeletas y amenazado una y otra vez con impedir los comicios. Los golpes se han sucedido en Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero y la propia capital. El grado de violencia ha alcanzado tal punto que hasta el Ejército, encargado de la custodia del material electoral, llegó a retroceder en Oaxaca para evitar un enfrentamiento. Alarmado por esta ofensiva, el Instituto Nacional Electoral ha tomado medidas extraordinarias e implorado ayuda. La Embajada de Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos que no viajen a Oaxaca, y los partidos de oposición han exigido la intervención inmediata de la propia presidencia.
Alarmado por esta ofensiva, el Instituto Nacional Electoral ha tomado medidas extraordinarias e implorado ayuda
La respuesta del Ejecutivo ha mostrado el enorme poder de coerción del sindicato. En un intento de poner fin a la violencia, el Gobierno decidió a finales de mayo concederles una de sus más espinosas reivindicaciones: suspender la evaluación de los docentes, una medida destinada a terminar con al clientelismo que aún impera en la docencia. Pero la humillante caída de uno de los símbolos de la reforma educativa no sirvió para frenar la espiral de tensión. La coordinadora, apoyada por organizaciones satelitales, prosiguió las movilizaciones y redobló su llamada al boicot. Querían mucho más. Para dar marcha atrás, exigían la retirada completa de la reforma educativa. Con esta bandera dejaron de lado a los responsables educativos y abrieron una negociación directa con la Secretaria de Gobernación (Interior).
Las conversaciones, en la mañana del sábado, aún no habían llegado a su fin, pero en previsión de su fracaso, el Gobierno ordenó el despliegue militar y policial. Más de 600 soldados de refuerzo fueron enviados a Oaxaca, y otros miles de efectivos se distribuyeron por los puntos neurálgicos de los estados más amenazados, entre ellos, Michoacán, Guerrero y Chiapas. “Queremos que todos los mexicanos puedan a acudir a las urnas con tranquilidad”, señaló el secretario de Gobernación, Osorio Chong. El Instituto Nacional Electoral, temeroso de un estallido violento el día de unos comicios a los que están convocados 83 millones de mexicanos (se vota la Cámara de Diputados, nueve gobernadores, 16 congresos estatales y 1.009 ayuntamientos), pidió a militares y policías “el estricto cumplimiento de la ley y el cuidadoso respeto a los derechos humanos”. El desembarco de las fuerzas federales obligó al sindicato a abandonar las sedes electorales tomadas en Oaxaca. Aunque la tensión se rebajó, no dieron marcha atrás en su principal reivindicación. Las espadas, hoy, siguen en alto.
EL PAÍS