Ante las críticas sobre los alcances del nuevo sistema penal acusatorio, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Ramón Cossío Díaz, pidió a gobernadores, legisladores y sociedad civil llevar a cabo un diagnóstico serio, y no de culpas que solo nos lleva a un diálogo de sordos.
“Ya sabíamos cuáles iban a ser las reglas de juego, estamos entrando en un momento en el que se están repartiendo culpas, debemos aceptar lo que no se ha hecho bien y lo que no funciona. La otra opción es dejar las cosas como están y seguir culpándonos unos a otros y que la sociedad siga padeciendo…. Si no entendemos esto, podría generar una crisis mucho mayor”, afirmó el ministro.
Al exponer su postura en torno al sistema penal acusatorio que entró en vigor en junio de 2016, el ministro sostuvo que sería un grave error –como lo piden varios sectores de la sociedad– ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, porque entraríamos en condiciones que teníamos en el pasado, cuando solo se iban a prisión preventiva los delitos que tuvieran una pena de media aritmética superior a los cinco años, y se comenzó a incrementar las penas para que prácticamente todos los delitos tuvieran prisión preventiva.
“Puede el Congreso empezar esto. Yo no creo que sea un buen camino, porque otra vez vamos a trastocar toda la filosofía que teníamos en esta materia de juicios orales, tenemos muchas personas en las cárceles y la situación al interior de ellas no es la óptima, y si vamos a hacer modificaciones para otra vez meter a la cárcel a las personas mientras están en proceso, creo que es una situación que se debe madurar y reflejar”.
A un año de entrada en vigor el nuevo sistema penal acusatorio, Cossío Díaz sostuvo que es muy pronto para decir si está funcionando o no; “decir que se debe hacer un diagnóstico hoy, o en 10 años, es un grave error”.
En referencia a la preocupación de la ciudadanía de que los delincuentes están saliendo libres por culpa del nuevo sistema de justicia penal, el ministro señaló: “pareciera que los delincuentes están jugando con las reglas del juego. Hay que dimensionar la crisis que tenemos, y ver que la mayor deficiencia que tememos es en las policías, servicios periciales y fiscales”.
Cossío dijo que es necesario establecer un pacto de Estado ante las fallas en la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, porque de no ocurrir, o no hacerse una autorreflexión de todos los involucrados (incluido el Poder Judicial de la Federación), y solo culpando a otros, el país estaría frente a una crisis de seguridad mayor.
Destacó que no se puede aducir que las fallas no eran previsibles, pues desde la reforma de 2008 se realizó un cambio total en la justicia penal mexicana, mismo que amplió su espectro con la reforma en materia de derechos humanos que creó un sistema hipergarantista que desde entonces anunciaba la necesidad de una mayor preparación de los operadores.
Porque entonces, dijo, la reforma de 2008, la ley de Amparo, la ampliación de la protección de los derechos humanos y la falta de capacitación de los operadores, nos dan el resultado no deseado que hoy estamos viendo.
Que no trascienda al ámbito electoral
José Ramón Cossío pidió que las deficiencias de este nuevo sistema no deben trascender al ámbito electoral porque está en juego la seguridad del país, las familias y sus patrimonios, pues se trata de un tema de seguridad nacional que puede ser utilizado con fines proselitistas.
Dejó en claro que más allá de que el sistema, en su parte normativa, tenga unos problemas, “no es un sistema deficiente en su totalidad”, estamos enfrentando la falta de entendimiento y capacitación de los operadores del sistema.
Por otra parte, dijo que la inversión que se hizo en la capacitación de jueces, ministerios públicos y policías, debe ser revisada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y los órganos de control, -en el ámbito de sus funciones-, ya que el gasto no tuvo la mejor eficacia porque no se ven los resultados que eran esperados para ese volumen de gasto.
EL SOL DE MÉXICO