Ciudad de México.- Un exhorto a la Procuraduría General de la República a que proporcione un informe sobre la participación, tratamiento y actuación del Ministerio Público federal con las Procuradurías de las entidades federativas que cuentan con altos índices de desapariciones forzadas e involuntarias, así como las medidas adoptadas para integrar el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, con información estadística desagregada, se aprobó en la Comisión de Justicia, del Senado de la República, por unanimidad.

Se trata de que la PGR remita un informe detallado sobre las averiguaciones previas que se iniciaron por desaparición forzada en términos de los artículos 215-A, 215-B y 215-D del Código Penal Federal, en el que señale cuál es el estado procesal de las mismas y en qué entidad federativa se cometió el delito de desaparición forzada.

La senadora Angélica de la Peña Gómez, quien presentó esta propuesta reconoció que a pesar de los esfuerzos y los avances para tipificar y sancionar adecuadamente los delitos de desaparición forzada y desaparición entre particulares, el Congreso de la Unión continúa en deuda con la sociedad y con los miles y miles de familiares que están en búsqueda de sus seres queridos.

Comentó la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que la información que les entregue la PGR se integrará a la argumentación que contendrá la exposición de motivos de la próxima Ley General contra la Desaparición Forzada de Personas, la cual deberá aprobarse antes de que concluya el actual período ordinario de sesiones el próximo 30 de abril.

El dictamen plantea que la PGR informe con detalle los asuntos de desaparición forzada que ha atraído por conexidad e indique cuál es el estado procesal de dichos asuntos y en qué entidad federativa se cometieron.

Subrayó la legisladora del PRD que la problemática es estructural y se mantiene debido a la impunidad, ante lo cual se requiere establecer un protocolo de búsqueda en vida y el desarrollo de capacidades para un adecuado registro de restos encontrados en fosas clandestinas.

“Es evidente la falta de bases de datos y cifras confiables; el abuso de la reserva de información en casos de graves violaciones a derechos humanos; la ausencia de investigación por desaparición forzada en casos de participación de autoridades; la restricción del acceso efectivo a la justicia para las víctimas, en particular para las personas migrantes y sus familias así como la facilidad con la cual una persona puede desaparecer en detención por falta de comunicación con sus familias”, subrayó.

El tercer resolutivo del dictamen, en relación con lo anterior, requiere a la PGR un informe sobre la colaboración que ha brindado a las Procuradurías de las entidades federativas y del Distrito Federal, tanto en apoyo técnico como forense en los casos de desaparición forzada del orden común.

Y en su cuarto y último acuerdo, este dictamen solicita el Ejecutivo federal para que a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, remita a esta Soberanía, un informe detallado sobre el avance en la integración del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, con información desagregada.

Afirmó la senadora De la Peña que el derecho a la verdad es uno de los principales reclamos que escucharon en los Foros Regionales; “pero la mayor exigencia que hicieron las familias es encontrar a sus seres queridos con vida. ¡No debemos olvidar nunca que vivos se los llevaron, vimos los queremos!

(ELSOLDEMÉXICO)