Los integrantes del Comité de Acompañamiento Ciudadano (CAC) para nombrar al Fiscal Anticorrupción en el Senado de la República, quedó desintegrado y denunciaron un proceso “que ha sido inefectivo” y se han omitido obligaciones de ley.
A través de una carta, los siete integrantes del CAC advirtieron que al no entrar el fiscal en vigor en los plazos legales, significa que todos los casos de malversación de fondos públicos, peculado o tráfico de influencias, que actualmente se procesan, como el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se llevarán a cabo con la legislación anterior y con una tipología de delitos penales desactualizada.
“Esto implica también que no entrarán en vigor las nuevas penas para este tipo de delitos, las cuales son más altas”, se lee en la misiva.
Los firmantes Luis Carlos Ugalde, Silvia Inclán Oseguera, Ricardo Jiménez González, Issa Luna Pla, Fernando Nieto Morales, Cristina Puga Espinosa y Juan Carlos Sánchez Magallán, lamentaron la falta de profesionalismo y compromiso de los senadores. “La designación del Fiscal se ha diluido en discusiones políticas e intereses”, enfatizan en el documento.
Explican que uno de los argumentos de quienes han bloqueado el nombramiento del Fiscal Anticorrupción es que previamente debe eliminarse el “pase automático” del actual Procurador General de la República a Fiscal General. Otro argumento es que de nada sirve nombrar al Fiscal Anticorrupción porque apenas estará en el cargo menos de dos años, o bien, porque carece de autonomía plena.
Ninguno de estos argumentos puede justificar que el Senado incumpla su mandato y, así, se impida que entren en vigor nuevos tipos penales para castigar con mayor severidad y eficacia a los corruptos y dar mayor certeza a los mexicanos.
FALTA DEL TRANSPARENCIA
Al respecto, Luis Carlos Ugalde, integrante del CAC, señaló en una entrevista con El Sol de México que el Senado de la República no respetó los plazos, “y debido a que ese órgano no explica con claridad lo que está ocurriendo, debido a que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Pablo Escudero (PVEM), no ha dado una explicación transparente en los plazos para cumplir con el nombramiento, este Comité decide que no tiene sentido seguir su labor”.
En entrevista con este diario, el expresidente del Instituto Federal Electoral (hoy INE), agregó que por ello cuestionan esa falta de responsabilidad, legalidad y de visión de la Cámara de Senadores.
Dijo que los siete integrantes incluido él y que conformaban el referido Comité, mismos que fueron invitados directamente por el Senado de la República, han estado participando desde el mes de marzo del año en curso, para que se diera el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, situación que hasta el momento no se ha cumplido.
“Nosotros lo que vemos es que no hay voluntad de parte del Senado de la República. Hoy ese órgano se contradice, debido a que nos invita a participar en el nombramiento del Fiscal y no lo hace”, precisaron los integrantes que conforman el referido Comité.
Los siete integrantes y quienes opinaron sobre los mejores perfiles que se presentaron en las comisiones de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana, expusieron que uno de los argumentos de quienes han bloqueado el nombramiento del Fiscal Anticorrupción es que previamente debe eliminarse “el pase automático” del actual procurador General de la República a Fiscal General.
“Nosotros ya nada tenemos que hacer. Hemos cumplido con nuestra tarea. Lo que tienen pendiente el Senado de la República desde el año 2014, es el nombramiento del Fiscal Anticorrupción”, insistieron.
Los académicos, que no recibieron un pago por su labor, señalaron “ninguno de estos argumentos puede justificar que el Senado de la República incumpla su mandato y, así se impida que entren en vigor nuevos penales para castigar con mayor severidad y eficacia a los corruptos y dar mayor certeza a los mexicanos”, criticaron los ahora excomisionados.
Recordaron que se reunieron en dos ocasiones con el presidente de la Jucopo en el Senado de la República para destacar la relevancia y urgencia del nombramiento, pero consideraron que la actitud de los legisladores en los hechos significa “el menosprecio por el funcionamiento del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción”.
ELSOLDEMÉXICO