Ninguna policía en todo el país cumple con los procesos de desarrollo policial obligados por ley desde 2009.
Desde el 2009, a través de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, todos los policías del país están obligados al servicio profesional de carrera policial con el objetivo de avanzar en la profesionalización de los cuerpos policiacos; la certificación integral y el régimen disciplinario. No obstante, a siete años de esta disposición, “no hay ninguna Policía Estatal en el país que cumpla al 100 por ciento con los procesos relacionados con el desarrollo policial obligados por ley desde el 2009”.
Y es que de los poco más de 337 mil 209 policías estatales y municipales que hay en nuestro país, apenas consiguen una calificación de 6.1 puntos, lo que está muy lejos de cumplir con su principal función de dar seguridad plena a los ciudadanos, esto de acuerdo al estudio “Semáforo del Desarrollo Policial” dado a conocer por la organización Causa en Común.
Tan solo el año pasado, un aproximado de 42 mil 214 policías federales, estatales y municipales no aprobaron exámenes de control de confianza y aún siguen activos en sus corporaciones, contraviniendo las disposiciones del capítulo sexto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que señala que toda aquella persona que desempeñe algún cargo de servidor público, deberá aprobar exámenes de control y confianza con el objetivo de verificar que cuenta con conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo.
Por Estados, destaca Veracruz, quién de acuerdo a estadísticas de organizaciones civiles, 38.55 por ciento de su corporación, conformada por 12 mil 736 policías municipales y estatales falló en los exámenes de control y confianza, seguida de Sinaloa, donde 34.42 por ciento de sus ocho mil 374 policías no acreditó el nivel de confianza necesario y Baja California Sur, con un porcentaje de reprobados de 34.38 por ciento.
Le siguen Nayarit con 26.87 por ciento, y San Luis Potosí con 24.42 por ciento. Solo seis entidades han dado de baja a la totalidad de los policías no aprobados: Campeche, Coahuila, Querétaro, Tamaulipas, Nuevo León y Puebla.
Las estadísticas señalan que las policías peor pagadas son los de Chiapas, con cuatro mil 374 pesos mensuales; Puebla, con siete mil 200; y Yucatán, con ocho mil 105. En tanto que los mejor pagados son Baja California, con 19 mil 800 pesos mensuales; Nuevo León, con 16 mil 349; y Chihuahua, con 16 mil.
En contraparte, el Estado de Querétaro es la única entidad que obtiene una calificación de 9.1 para consolidar una institución policial en ruta de cumplir con su responsabilidad y que, sin embargo, deberá mejorar las deficiencias en su régimen disciplinario que aún subsisten.
El informe, de Causa en Común, sostiene que el número de las entidades reprobadas suman 15, siendo Tlaxcala, Campeche, Baja California Sur, Zacatecas y Puebla los que obtuvieron las calificaciones más bajas, y que les coloca en grave situación para dignificar a sus oficiales y conformar una fuerza policial estatal única.
Controles de confianza, controversiales pero necesarios
El procedimiento de control de confianza consiste en cinco pruebas que se aplican a cualquier persona que quiere ser o se desempeña como funcionario de un área de seguridad pública o procuración de justicia. Lo anterior, con el objetivo de establecer si se trata de una persona “confiable” para desempeñarse en ese cargo.
Estas son: polígrafo (detector de mentiras), toxicológica (para saber si ha ingerido drogas), física (para evaluar su desempeño y salud), de conocimientos generales (fundamentos de seguridad, entre otros) y de entorno socioeconómico (saber si su forma de vida es acorde con sus ingresos).
Por ley, ninguna persona que no supere este proceso puede ser policía. Tanto el artículo 21 de la Constitución como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen que los agentes deben pasar por un proceso de certificación para ser tales y es un requisito insustituible.
Incluso, se establece constitucionalmente que los policías o aspirantes a policías serán removidos sin ningún beneficio y sin posibilidad de ocupar ese puesto en ninguna otra fuerza de seguridad.
No obstante, se señala que la gran mayoría de las instituciones policiales, carecen de normatividad, presupuesto y personal suficiente para dar un seguimiento adecuado a la carrera de los policías.
Del análisis hecho por la organización Causa en Común, se desprende que los Estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Durango, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla y Tlaxcala no tienen reglamento de servicio profesional de carrera policial y solo Baja California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán operan correctamente.
En tanto que Baja California, Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán cuentan con instalaciones adecuadas para formar policías, en contraste Baja California Sur, Campeche, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas tienen deficiencias significativas.
Solo Distrito Federal, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Querétaro y Sonora, evalúan conforme a los parámetros establecidos por Ley. En contraste Campeche, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas no realizan evaluaciones de desempeño o su esfuerzo es insuficiente.
Además, datos del Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA), del Sistema Nacional de Seguridad Pública, arrojó que en control de confianza, al corte de noviembre 2015, un 7.18 por ciento de los policías estatales reprobados a nivel nacional siguen en activo y 20.37 por ciento de los policías estatales a nivel nacional no han sido reevaluados.
Buscarle chamba a los policías que reprueben exámenes de confianza
Ante esta problemática, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno Zamora, sostuvo que se debe atender el proceso de depuración policial y aquellos que hayan obtenido resultados negativos en procesos de control de confianza, deberán ser indemnizados.
Indica que sería importante generar programas, por ejemplo de educación para el empleo que les permitan contar con posibilidades de trabajo de otra naturaleza para que tengan un ingreso y una forma de vida digna.
Durante su participación en un foro en la Universidad Panamericana, el funcionario federal dijo que esta es una mejor opción al despido sin indemnización, pues se corre el riesgo de que muchos de los elementos, orillados por la necesidad se sumen a las filas de la delincuencia organizada.
Por ejemplo, en Veracruz se informó que al menos el 40 por ciento de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fueron reprobados en los exámenes de confianza, sin embargo, solo un promedio de 20 elementos ha sido despedido cada año desde 2011.
Se quejan policías
A través de mil 600 entrevistas entre uniformados, la organización Causa en Común refiere que siete de cada 10 policías dijo que “nunca” o “muy pocas veces” se respeta su horario de trabajo, debido a necesidades del servicio, exigencias del mando, consignaciones, operativos o por mala organización.
En cuanto a su salud, seis de cada 10 elementos dijo que la carga de trabajo les afecta, causándoles cansancio, dolor de espalda, nuca u hombros, gastritis, y en menor medida insomnio, coraje, tristeza y estrés.
El 50% de los policías consideran que en su corporación no existe un apego a la normatividad para definir salarios y castigos, y ocho de cada 10 elementos consideró que el número de policías es insuficiente.
(ELSOLDEMÉXICO)