Ciudad de México.- Alrededor de 333 mil policías estatales y municipales, son los que faltan por capacitar a nueve meses de que venza el plazo (18 de junio de 2016) para la entrada en vigor en toda la República del nuevo Sistema de Justicia Penal, reconoció María de los Ángeles Fromow Rangel, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación.
Además, detalló que al inicio de la administración federal la evaluación que se hizo de manera conjunta con los Estados para la implementación, sumaba cerca de 40 mil millones de pesos, pero las diversas estrategias realizadas durante estos dos años, han reducido el costo a 19 mil millones de pesos para los siguientes años.
Sin embargo, la funcionaria dijo que «estos 19 mil millones de pesos sabemos que no son posibles que podamos tenerlos para la implementación. Seguiremos buscando estrategias para reducir costos, para buscar apoyos incluso internacionales, como está siendo el caso de Iniciativa Mérida, que el Gobierno de Estados Unidos está aportando como una prioridad al nuevo Sistema de Justicia Penal».
En total, refrendó, estamos hablando de 350 mil policías estatales y municipales, de los cuales ya llevamos 17 mil aproximadamente capacitados como primer respondiente, pero tenemos que adecuar esta capacitación para 333 mil policías, refrendó.
Fromow Rangel dijo estar consciente que es un momento económico difícil para nuestro país, que hay reducciones transversales en todas las funciones gubernamentales. Pero también consideramos que es un momento de trabajo arduo para el nuevo Sistema de Justicia Penal, que se va a requerir apoyo para las entidades federativas.
«Es un trabajo donde tendremos que terminar de implementar las bases fundamentales para la operación del sistema, en infraestructura, equipamiento y capacitación, fundamentalmente».
Por ello, exhortó a los legisladores «a que se pueda considerar que se dé un mayor apoyo a la implementación del Sistema de Justicia Penal, si es posible, y si no, en su caso, haremos lo necesario con diversos fondos que ya hemos identificado, que hemos venido trabajando con el Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el FASP, el SPA, el SUBSEMUN y algunos otros fondos federales que tienen que ver con infraestructura y equipamiento».
Al respecto, dijo que el fondo de los cinco mil millones que se tenían, en días estará totalmente distribuido entre las entidades federativas. Existen mayores solicitudes a los recursos programados en este fondo, y habrá proyectos que se quedarán pendientes para la búsqueda de ver si este fondo también se puede incrementar en algún momento, dijo la funcionaria.
Sin prórroga ni excepción
La funcionaria también fue clara al señalar que «no habrá prórroga ni casos de excepción de ninguna entidad».
Actualmente, en el ámbito local, el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) opera totalmente en seis entidades federativas: Chihuahua, Morelos, México, Yucatán, Nuevo León y Durango. En 25 más de forma parcial: Oaxaca, Zacatecas, Baja California, Guanajuato, Chiapas, Tabasco, Puebla, Veracruz, Coahuila, Tamaulipas, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes, Hidalgo, Campeche, Nayarit, Colima, Tlaxcala, Distrito Federal, Michoacán y Baja California Sur.
Lo anterior, significa que seis de cada 10 mexicanos tienen acceso al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, ya que es una realidad en 31 entidades federativas y mil 450 municipios, donde habita más del el 62 por ciento de la población mexicana.
El Sol de México
See more at: http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3957518.htm#sthash.L21h21Zw.dpuf