La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la PGR ampliará la investigación y la acusación en contra del exgobernador César Duarte y exfuncionarios estatales y del PRI estatal, de 15 millones de pesos a 79 millones de pesos, por las cuotas entregadas al partido durante todo el sexenio anterior.
De esta forma, serán acusados otros expresidentes del PRI, exsecretarios de Hacienda y exfuncionarios, aparte de los 8 que actualmente son señalados, los cuales se encuentran con orden de aprehensión, en el caso de Duarte; vinculados a proceso como 4 de los acusados o en diferentes etapas procesales de la investigación que inició la Secretaría de la Función Pública del estado y retomó la Procuraduría General de la República.
De acuerdo con el expediente actual, el exgobernador Duarte y sus ex colaboradores desviaron 15 millones de pesos durante el año 2015, por las cuotas que retenían mediante el sistema de nómina de la Secretaría de Hacienda, práctica que prohíbe la Ley Electoral; con la ampliación de la denuncia, se abarcarán los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2016, no considerados en la investigación actual. Según la Ley General de Partidos Políticos el gobierno federal, los estados o los municipios no pueden hacer aportaciones en dinero o especie a los partidos políticos. Incluso, pese a que los empleados permitan los donativos.
La investigación se ha extendido a empleados descentralizados y municipales. De acuerdo con la Fepade, es ilegal, lo que hizo César Duarte Jáquez fue financiar de forma ilícita al PRI en contra de los propios intereses de los trabajadores; es importante precisarlo, la orden de aprehensión por peculado electoral señala el desvío de 79 millones de pesos.
Existen pruebas documentadas en torno a que toda la Administración Pública estuvo obligada a hacer estas aportaciones y actualmente, se desarrolla una investigación, particularmente, en dependencias como la Junta Central de Aguas y otros órganos desconcentrados; operaciones que podrían sumar hasta los 400 millones de pesos.
Las retenciones del dinero de los trabajadores de Gobierno del Estado se concentraba en la Secretaría de Hacienda, que emitió un cheque a su nombre, (mismo que) se depositaba en una empresa particular que entregaba el dinero en efectivo al secretario de finanzas del PRI de Chihuahua.
Las operaciones fueron por alrededor de 79 millones de pesos sólo de administración pública centralizada y se ejerció la acción penal por 14 millones, respecto a 2015.
Para la Fiscalía Especializada, la suma del monto es acumulable, por lo que sumaran los 79 millones de pesos y se realiza la investigación respecto a otros organismos descentralizados de Chihuahua.
La Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales (Fepade) de la PGR abrió una investigación por presunto peculado electoral por 200 millones de pesos en contra del exgobernador Roberto Borge, contra el excandidato del PRI a la gubernatura y principal beneficiado, Mauricio Góngora Escalante, contra el dirigente del PRI, Raymundo King y contra el extitular de Sefiplan, Juan Pablo Guillermo Molina.
Según la directora de Vinculación con Órganos Electorales y Organismos de la Sociedad Civil de la Fepade, Diana Talavera Flores, existen documentos que acreditan la recepción de los recursos por parte del entonces candidato priista durante el proceso electoral local de 2016, lo cual representa un claro delito electoral que deberá ser sancionado.
Dio a conocer que, de acuerdo a información proporcionada por el gobierno del estado, esos recursos debieron ser utilizados en una obra que fue reportada como realizada, pero que en realidad no existe.
EL SOL DE MÉXICO