El director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan Pardinas, pidió al Congreso una reforma constitucional para que los delitos electorales sean tipificados como graves y puedan ser perseguidos como actos de corrupción.
El investigador consideró que el ajuste debe darse en el artículo 19 de la Constitución para que la mapachería electoral sea castigada con prisión preventiva.
“En muchos casos estamos hablando de peculado electoral, es decir, de desvío de fondos para fines electorales. Empieza como un acto de corrupción y el propósito es apoyar una campaña, un candidato, un partido. Entonces cae en la lógica absoluta de crimen de corrupción”, aseveró.
El Sol de México reveló en su edición impresa del lunes que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) alista una estrategia con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) a fin de identificar las conductas de corrupción que implican los delitos en esta materia.
En este sentido, Pardinas está de acuerdo con la presidenta del CPC, Jaqueline Peschard Mariscal, en que debe identificarse el modus operandi de la corrupción en las campañas electorales.
Pardinas agregó que el desvío de recursos para campañas es el primer paso para la impunidad, ya que el gobernante en funciones apoya con dinero al candidato de su partido a cambio de que no se le persiga por ningún delito, incluido la corrupción durante su gestión.
Casos como el de Chihuahua, donde la FEPADE obtuvo evidencia de que el ex gobernador César Duarte descontaba ilegalmente entre 5 y 10% al salario de servidores públicos, dinero que iba a las campañas del PRI, por lo que ya se emitió una orden de aprehensión.
Sin embargo, el caso puede quedar en la impunidad. Pardinas explicó que como el artículo 19 de la Constitución no considera grave el desvío de recursos, en caso de que Duarte llegue detenido a nuestro país podría enfrentar el proceso en libertad.
Ante tal situación, el director del IMCO comentó que sería bueno que los gobernadores estén presionando para modificar el Sistema Penal para mantener en prisión a las personas vinculadas a proceso por portación de armas de uso exclusivo del ejército, sería bueno que también incluyeran corrupción electoral en esa reforma.
Y ya que están en cambios legislativos, también deberían de reformar el artículo 102 para quitar el pase automático del procurador a la Fiscalía General, además de independizar a esta última institución para en verdad perseguir la corrupción.
“Hay que modificar el 102 constitucional para frenar el pase automático de PGR a Fiscalía y enviar un proyecto de reforma constitucional para tener una Fiscalía General autónoma de la influencia política y con capacidad de poder modernizar el Ministerio Público. Es importante el diseño de la Fiscalía General, ya que va a ser la casa donde va a estar alojado el fiscal anticorrupción”, comentó.
EL SOL DE MÉXICO