La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dar a conocer los resultados de las investigaciones sobre cuál fue el destino de los recursos económicos otorgados a la educación en el país durante 2009 y 2010. En caso de no haberlo hecho, deberá de llevarlas a cabo.
En un hecho inédito, la primera sala de la Corte otorgó un amparo y reconoció el interés legítimo de la asociación civil Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero, la cual preside Claudio X. González Guajardo, quien solicitó conocer el destino del dinero entregado a la educación en los citados ejercicios fiscales.
La asociación viene peleando desde hace años que la ASF inicie todos los procedimientos resarcitorios, inclusive penales, a escala federal o estatal, contra las autoridades o funcionarios que usan el dinero para otros fines.
Los censos educativos han arrojado que miles de millones de pesos se desvían a «aviadores», comisionados sindicales, cúpulas gremiales y trabajadores administrativos, mientras que las escuelas carecen de todo y los niños no reciben la instrucción que merecen.
Por unanimidad, los ministros estimaron que dicha asociación sí tiene interés legítimo para promover un amparo en atención a su objeto social y la intervención que le otorga a este tipo de asociaciones la Constitución y los diversos instrumentos internacionales.
Mexicanos Primero calificó la resolución a su favor de un gran avance en materia de defensa del derecho a la educación de calidad, ya que abre la posibilidad de que otras agrupaciones de la sociedad civil hagan la misma exigencia a la Corte.
«Esperamos que en un futuro, sentencias como ésta puedan obligar también a otras autoridades encargadas del ejercicio, control y supervisión del gasto, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública. Esto a efecto de que toda la fuerza del Estado y de la ley se utilicen para evitar y en su caso sancionar el uso indebido del recurso educativo», detalló a través de un comunicado la organización.
Omisión
-La asociación señaló que a pesar del informe en el que se enumeran irregularidades, la propia ASF omitió fincar responsabilidades administrativas y penales contra los funcionarios que ejercieron los recursos.
-Entre los pagos ilegales del Fondo de Aportaciones para la Educación destacan: a trabajadores comisionados con goce de sueldo, por 1 mil 216.8 millones, no vinculados con los objetivos del fondo por 986.6 millones y posteriores a la fecha de baja o durante las licencias sin goce de sueldo a empleados, por 200.9 millones.