Diputados federales y expertos en materia penal coincidieron en la urgencia de eliminar las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa del Sistema de Justicia Penal Acusatorio por su ineficacia y desprestigio, que han ido en aumento.

Durante el foro “Nuevo Sistema de Justicia: ¿Qué falta para su consolidación?”, el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, afirmó que la figura del arraigo pese a ser considerado una concesión que se hizo Constitucional, hoy en día apenas y se sostiene por su propio pie.

“De las seis mil 562 personas arraigadas entre 2008-2011, de las cuales 90 por ciento fueron consignadas, solo 3.2 por ciento obtuvo sentencias condenatorias. Desprestigio creciente y eficacia a la baja. Entre 2015 y 2016 solo 109 personas fueron arraigadas: 84 en 2015, y 25 en 2016. No es congruente pues con el marco que debe existir en una sociedad democrática. Es contraria a la presunción de inocencia y esta medida cautelar se convierte en una especie de condena preliminar, anticipada”.

Otra de las concesiones, que entró en vigor hace nueve años, fue el de la prisión preventiva oficiosa, que en ciertos delitos penales de alto impacto no habría necesidad de justificar los efectos sino aludiendo al delito mismo pudiera dictarse oficiosamente.

“La tendencia debe ser ir de salida, quizá las demandas de las autoridades sean tales que demanden la existencia de un catálogo, recortado, donde se pudiera decretar la prisión preventiva oficiosa. Es importante que se pueda plantear la eliminación de la oficiosidad y la supresión del acto de vinculación a proceso en los términos que se encuentra”, agregó.

Durante el foro organizado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Carlos Ríos Espinosa, experto en justicia penal y derechos humanos, opinó que a pesar de que en un momento se consideró a la prisión preventiva oficiosa como una herramienta de seguridad pública, actualmente debiera ser una medida cautelar de última instancia.

“Si vamos a tomar decisiones en el proceso penal, y a plantear un esquema de seguridad pública, vemos como se pervierte el sentido del modelo. La prisión preventiva debiera ser una medida cautelar de última instancia, absolutamente y se convierte en una bomba de humo, para decirlo brevemente”.

En su turno, Alejandra Román Duran, jueza de Control en el Estado de Chihuahua, consideró que el tema del arraigo con fines de investigación ya es insostenible y no existe evidencia empírica de su utilidad.

“No existe base empírica para asegurar que la prisión preventiva oficiosa es una herramienta útil en función de la seguridad pública. No existen más que datos que ponen en riesgo la dignidad de las personas, de tal suerte que si esto tiende únicamente a temores, vulnera la presunción de inocencia, entonces ¿qué estamos esperando como Estado mexicano? ¿Señalamientos que están muy próximos porque estamos llenos en la CIDH de asuntos contra el Estado mexicano? ¿Estamos esperando que nos ocurra lo que ya ocurrió con la figura del arraigo?”.

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