La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) enviará una iniciativa para endurecer las sanciones por los delitos como peculado electoral y desvío de recursos públicos.
En coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la reforma a la Ley General en Materia de Delitos Electorales y sus correlativos en el Código Penal Federal plantea que ambos delitos sean considerados graves y se aplique prisión preventiva en los casos en que se realice mediante una red de corrupción.
En una entrevista con El Sol de México, Santiago Nieto Castillo, el titular de la Fepade, aseguró también que se elabora, en colaboración con la Secretaría de la Función Pública (SFP), un mapa de riesgos, ya que se ha detectado que en los sitios donde hay más beneficiarios de Prospera, también hay más denuncias por delitos electorales.
“Hemos detectado que a mayor incremento en el número de beneficiarios de Prospera, mayor es el número de denuncias por condicionamiento de programas sociales”, aseguró el fiscal, aunque atribuyó la incidencia de corrupción a la actuación poco ética de los funcionarios y no a la condición de pobreza de los ciudadanos.
El trabajo con el SNA
El funcionario afirmó que la Fepade y el SNA han colaborado en un programa de trabajo conjunto: primero rendir informes en aquellos casos de la Fiscalía que ya han sido judicializados; segundo trabajar en un modelo de modus operandi para ofrecer al SNA el mecanismo de gestación de los delitos electorales en el ámbito de la corrupción y finalmente, con la Secretaría de la Función Pública se elabora un mapa de riesgo.
“Encontramos, sobre todo en temas relacionado con condicionamiento de programas sociales, a partir de la medición de los índices de marginalidad, de pobreza a nivel municipal de las entidades federativas y de los números de beneficiarios, -tanto en números enteros como porcentuales de beneficiarios- de Prospera, en cada entidad federativa, hemos detectado que a mayor incremento en el número de beneficiarios de prospera mayor es el incremento en el número de denuncias por condicionamiento de programas sociales”, afirmó el
funcionario.
De acuerdo con el funcionario, desde que está la Fepade se han registrado cerca de dos mil 670 denuncias en materia de corrupción y la cifra ha ido en aumento: mientras en 2015 se abrieron 133 investigaciones relacionadas con condicionamiento de programas, en 2016 fueron 474 y en 2017 fueron 171, con sólo cuatro procesos electorales.
Santiago Nieto aseguró que el incremento en las denuncias se debe a que ahora llegan en contra de los gobiernos estatales y municipales y no solo en casos de comicios federales.
Además, se ha observado un incremento en los delitos de peculado electoral y financiamiento ilícito.
“Hemos encontrado un incremento constante no solamente en peculado electoral sino en el financiamiento ilícito en las campañas electorales, que era algo que no veíamos y que se empieza a dar con mayor presencia a partir de 2017, llámese desvío de recursos de la federación, estados y municipios, llámese retención de salarios de los trabajadores a nivel estatal o municipal o llámese recursos presuntamente de procedencia ilícita, como lo que hemos visto en algunos candidatos independientes en Nayarit y Coahuila, todo esto implica actos de corrupción que es importante que se ataquen por parte del sistema de procuración de justicia en particular por la Fepade”, afirmó el funcionario. Respecto a la reforma de ley que se presentaría para endurecer las sanciones contra los imputados de delitos electorales graves, Santiago Nieto aseveró que se ha planteado en diferentes foros y momentos la necesidad de que dichos delitos se consideren graves.
“Sí, es correcto (…) En todos los casos exitosos de la Fepade, (los imputados) o han adquirido la libertad caucional porque es un derecho que la Constitución le da a los imputados, o no hay prisión preventiva oficiosa por la comisión de delitos como el condicionamiento de programas sociales o peculado electoral, por ello es que hemos nosotros planteado, lo he hecho en la conversaciones que se han tenido con el Sistema Nacional Anticorrupción, la necesidad de que el delito de peculado electoral se convierta en un delito grave, para efecto de que se mande un mensaje claro de que ese tipo de conductas son reprochadas por el Poder Legislativo, por la clase política mexicana, por la sociedad mexicana en su conjunto”, aseguró el titular de la Fepade.
Nieto Castillo, aunque no dio fecha para presentar en el Congreso la iniciativa de la reforma a la Ley General en Materia de Delitos Electorales y sus correlativos en el Código Penal Federal, aceptó que próximamente se tramitará, aunque, de aprobarse, es probable que no sea aplicable en las próximas elecciones de 2018.
“La Constitución establece que no puede haber modificaciones a las normas fundamentales del proceso electoral 90 días antes del inicio del proceso electoral, que como sabemos iniciará el próximo ocho de septiembre, por tanto estamos fuera del plazo, hay una discusión académica respecto a esto porque se plantea que un tipo penal no es una norma fundamental que afecta el proceso electoral en sí, sin embargo yo soy de la idea que los delitos electorales forman parte de la materia electoral y que, por tanto, modificar una norma que tenga que ver con la sanción que se impone al servidor público podría ser una norma fundamental, pero en todo caso esto es un tema que tendrá que discutir y resolver, en caso de que así procediera la reforma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, concluyó Nieto Castillo.
EL SOL DE MÉXICO